El historial de acciones conspirativas de nuestra inefable Corte Constitucional demuestra el alcance de su confabulación con la sed de retorno del correísmo y la animadversión caprichosa del socialcristianismo en contra de Guillermo Lasso.
Si quisiéramos rastrear los orígenes de este complot, bien podríamos retrotraernos al reconocimiento jurisprudencial de las guardias indígenas a inicios de 2022. Aprovechándose de una sentencia a propósito de un conflicto minero en la Amazonía, la ocurrencia de los ilustrísimos togados aprestó el escenario legal -como vaticinando el asedio criminal de junio de ese mismo año- para que los terroristas que asaltaron convoys con alimentos y vituallas (con el saldo del Sgto. José Chimarro asesinado). Incendiaron UPC’s, contaminaron el agua, invadieron pozos petroleros y antenas repetidoras, secuestraron policías, militares y funcionarios públicos, bloquearon el paso a ambulancias con enfermos (cuya muerte propiciaron), y expidieron salvoconductos como medida extorsiva. Fueron absueltos de todos los cargos, desde su cabecilla hasta el eslabón más bajo de la cadena guerrillera; en suma, permitieron que el conato de golpe de Estado que Leonidas Iza y su grupo paramilitar organizaron sea perdonado.
Casi un año después, en otra de sus brillantes epifanías de medianoche, los jueces “de lujo” consideraron que era prioritario descongelar la pregunta anacrónica de la consulta popular de los Yasunidos respecto a la explotación petrolera en el Bloque 43. No así el regular el uso de las garantías jurisdiccionales para evitar que jueces mafiosos de parroquias remotas liberen a sentenciados por corrupción del correísmo y a narcos con los que comparten anécdotas y abogados.
Es más, el mismísimo Alí Lozada se envalentonó, cuando los presidentes de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura, en ese entonces, le solicitaron que aclare el alcance del habeas corpus. “Las manifestaciones públicas del presidente de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura parecen desconocer las competencias propias de la Corte Constitucional, la jurisprudencia sobre el habeas corpus y la institución del precedente vinculante”, espetó en su solemne lavatorio de manos.
Apenas hace unas semanas, él mismo y los jueces a su cargo recordaron ese pendiente que se empolvaba en sus escritorios desde hace dos años, con Jorge Glas, Daniel Salcedo, Leandro Norero y los cabecillas de los grupos criminales responsables de las masacres carcelarias y la inseguridad en las calles, como principales usufructuarios de su indulgente despiste.
Misteriosamente, tan pronto Lasso disolvió la Asamblea Nacional y con ella puso fecha a su salida, la Corte Constitucional empezó a revisar la competencia territorial de jueces de garantías jurisdiccionales y dilucidó el alcance de la imputación del prevaricato cuando proceden contra ley expresa. En buen romance, esperaron hasta que Lasso cronometrara su marcha para hacer lo de dos años en dos meses ¿Hace falta decirlo?
Volviendo al tema petrolero, el mensaje de la Corte no podría ser más claro y nefasto: Ecuador no es un país con seguridad jurídica, por lo tanto, la inversión extranjera, aun cuando ya destinó sus recursos para la ejecución de cualquier actividad económica, en cualquier momento puede suspenderse por la arbitraria decisión de nueve personajes intocables y que no representan a nadie. Una sutil jugarreta para espantar el capital extranjero y frenar el crecimiento económico. Inaudito.
Ni hablar de la admisión a trámite del juicio político contra Lasso sobre la base de un informe de Contraloría que jamás existió y un perjuicio al Estado que, jamás se demostró en la insufrible práctica de pruebas. Otro desafortunado precedente para quien asuma en lo posterior la presidencia de la República.
La lógica es como sigue: si un grupo de golpistas lo suficientemente numeroso se organiza contra el Ejecutivo y presenta una solicitud con omisiones de todo tipo, (ortográficas, argumentales y procedimentales), la Corte Constitucional aceptará el pedido de buena gana. Lo que suceda después no es un asunto que les concierna o siquiera les importe; muerte cruzada o destitución. Ellos son apenas un semáforo en el camino de la inestabilidad.
El filtro constitucional de la Corte, según parece, sólo se activa para interpretar antojadizamente la urgencia de las medidas que tome Lasso, algo que ni la Asamblea Nacional del 4% de aprobación se atrevió a hacer. Los requisitos para la calificación de las propuestas se elevaron a tal absurdo que todo lo relacionado con zonas francas, beneficios a estudiantes coactivados por créditos educativos y facilidades a empresas con problemas de liquidez, tras audiencias públicas dilatorias, fueron descartados para que la futura Asamblea los incorpore a su ya extenso legajo de procesos represados.
Pero el petróleo no es lo único que provoca sus rabietas ambientalistas; la minería también está prohibida en su evangelio constitucional. Así, el 1 de agosto, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional admitió a trámite una acción pública de inconstitucionalidad contra el Decreto N° 754, respecto a la consulta ambiental, interpuesta por la CONAIE, -clientes frecuentes de sus fallos- de modo tal que más de 100 proyectos de inversión, entre minas, hotelería y tratamiento de aguas, quedaron, de nuevo, suspendidos. Así es, más obstáculos al desarrollo económico del país.
En el juicio ciudadano, la evidencia contra la Corte es contundente. Las pruebas sugieren que los 9 jueces son causantes de la inestabilidad política agravada en Ecuador; sin embargo, los sentenciados a una pena todavía indivisa somos nosotros, sus víctimas, sus damnificados. Ahora nos debatimos entre el regreso de la mafia y la improvisación. Ellos, ocultos en sus refinados tecnicismos jurídicos y su pedantería, disimularán sin éxito su complicidad con el sabotaje.
