domingo, diciembre 7, 2025
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Ecuador o la política como patología psiquiátrica

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Alfredo Espinosa articulista La Disputa

Cuatro décadas de democracia atolondrada en el Ecuador pueden arrojar una conclusión lapidaria para propios y extraños: no hay salud mental en el ejercicio del poder, en consecuencia, somos una sociedad que requiere terapia colectiva, pues hemos abrazado en los extremos y al calor de la visceralidad de los “antis”, conductas enfermizas que repelen y ovacionan en un mismo acto al autoritarismo, aunque la faz de su interlocutor sea distinta.

Pero esto no es todo, parte de nuestra racionalidad está atravesada por una baja autoestima y un prolongado sentimiento de desvalorización, que nos ha transformado en acérrimos comensales de las migajas discursivas de los regímenes populistas de turno, tanto de izquierda como de derecha. Y, aunque nos cueste trabajo admitirlo, el Ecuador necesita un tratamiento de psiquiatría social y política que nos conduzca a los orígenes de la desobediencia histórica y el amor propio que dieron vida a esta nación. Pues -a la luz de los hechos- el conformismo, la obediencia ciega y la resignación ciudadana nos hicieron presas fáciles de dirigentes políticos con personalidades desajustadas y conflictivas, que van desde odiadores confesos, neuróticos y resentidos sociales que intentan convertir al pueblo en súbdito de sus gobiernos o en simples masas de maniobra, gente instrumentalizada para corear el dictamen de los inquilinos del poder; hasta molsalbetes carrancudos y pendenciero que miran al “pueblo llano” como un accesorio de su propiedad, un fetiche con el que se regocijan por simple antojo.

¿Merecemos esto los ecuatorianos? ¿Es justo que el destino de nuestro país se lo disputen políticos y dirigentes patológicamente enfermos? Por supuesto que no, pero las rencillas políticas y las ambiciones desproporcionadas de pocos en detrimento de los anhelos de muchos han sido más que suficientes para dilapidar la dignidad, a tal punto que hoy -más que antes- seguimos hipersugestionados a la espera de que alguien -quien sea- conduzca el destino del país por el carril adecuado, sin darnos cuenta de que, casi por tradición, hemos hecho del consenso en el error un acierto.

Cinco presidentes en ocho años, un gobernante que no concluyó su mandato, trece procesos de democracia directa de índole nacional convocados desde arriba y uno solo desde abajo, luchado hasta el cansancio por un colectivo ciudadano contra la soberbia e ignorancia del Estado en su componente electoral, son muestra más que suficiente de esta volatilidad emocional de las élites políticas y de nuestra sociedad.  

Ante un escenario tan complicado como el actual, en donde el populismo es lo más cercano a una democracia de cariz inclusiva y los autoritarismos de izquierda y de derecha en sus formas partidarias usan las elecciones para encumbrar el odio como política de Estado de líderes con alma de “tecnocumbieros y mimos caudillistas”.

¿Existe espacio para la esperanza y la buena política o debemos ser una sociedad condenada al sufrimiento masoquista y al conformismo? Si el deceso de una sociedad cuerda es su pérdida de esperanza, el gran desafío de los ecuatorianos es empezar a evaluar con sumo cuidado y prolijidad el peso de los argumentos de los políticos frente a la trama de irrealidades que entretejen cada dos o cuatro años para llegar al poder. Pero hay un hecho mayor, la sociedad en su conjunto no puede seguir asumiendo el papel exclusivo de víctima cuando en realidad ha sido cómplice y hasta victimaria de los constantes descalabros del país, al punto de implosionar -en más de una ocasión y con sus propios votos- la democracia.

¿Romperemos este ciclo de maltrato permanente para recuperar el autoestima social y política o seguiremos auto-desvalorizándonos como pueblo al encumbrar a “mimos” y “tecnocumbieros” con alma de caudillos para que nos gobiernen?

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    Hablar de derechos laborales aleja tus seguidores y empobrece tu outfit: Psicopolítica del buen emprendedor detrás de la consulta

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    La ética del buen emprendedor

    ¿La dictadura del mostrarse realizado puede hacer que Ecuador vuelva a la esclavitud del trabajo por horas? ¿Podemos empezar a hablar de un neoliberalismo autoritario, caracterizándolo como el sueño de las élites de tener un precariado atemorizado que detesta los derechos laborales? ¿Una mediatización maximizadora del terror, tanto en los grandes medios como en los digitales, sería útil y suficiente para que la población mayoritaria decidiera contra su propio bienestar material y subjetivo?

    Desde el 2012,  con la implementación del examen de ingreso universitario, y en  2015, con la caída del precio de los combustibles y las materias primas en el mercado internacional, se puede observar y rastrear cómo se acentúa en las cifras un progresivo y sostenido deterioro multidimensional en las condiciones objetivas y subjetivas de vida de la mayoría de la población, acompañada de la instalación de imaginarios y una determinada ética social para legitimar cada medida de ajuste social, hasta llegar a la actual situación de crisis social.

    Desde allí podemos identificar los primeros ensayos de la reciente apuesta neoliberal autoritaria, de introducir una ética social que tiene como protagonista al buen emprendedor, como aquel que cultiva un carácter de menosprecio a los derechos o cualquier cosa que huela a ellos. Siguiendo a Rita Segato, decimos que su presencia en sí exhibe su marca, un gesto discursivo, como violencia expresiva, frente a otros que también entienden el lenguaje en tanto audiencia receptora de la exhibición del alarde e impunidad de poder, dentro de una estructura simbólica profunda. Su presencia es seductora, moralizadora y a la vez violenta con quienes hablen o huelen a algo relacionado a derechos. Y en este sentido, el emprendedor neoliberal es un peón moralizador del modelo neoliberal autoritario, que se intenta implantar.

    “El violador es moralizador, tengan cuidado de las auto proclamadas personas de bien”, enfatiza Segato. Y está estructura funcional jerárquica es análoga a la cofradía corporativa del orden criminal, así como del emprendimiento neoliberal, y un sin número de espacios de sociabilidad, incluso la podemos identificar en la izquierda vanguardista. La primera víctima objetivo de la apuesta neoliberal autoritaria es el eslabón más débil, por eso la guerra psicológica de la dictadura de la positividad tóxica está dirigida sobre todo al precarizado joven, que tiene más interacciones con un dispositivo que con un vínculo humano. Por eso, no es adecuado querer moralizar a un sujeto moralizador. La cantidad de enfermedades de salud mental relacionadas a la sobre-exigencia y falta de sentido en nuestras labores está relacionada a la diferencia entre quienes realmente tienen condiciones de clase media y quienes así se perciben. Hoy la rebelión atraviesa necesariamente por comprendernos. “No se trata de analizar al individuo, sino a la sociedad, ni de analizar el momento, sino la historia”, plantea el líder de la revolución en Kurdistán, Abdullah Öcalan.

    La moralización del poder soberano de las élites no se expresa más mediante una disciplina a la cual se debe cumplir sino en la demostración consigo mismo de estar seducido por una estética de la productividad. Ante la más leve sospecha, en ti mismo, por ejemplo, de que te importan o siquiera interesa algo sobre derechos laborales, caerá la prestigiosa autopercepción de ser alguien comprometido con la productividad y el rendimiento. Una muestra contundente de que no proyectarás una imagen futura de ti como alguien merecedor de ser tu propio esclavizador.

    Por eso, es incompleta la comprensión de los cientos de miles de jóvenes que no pueden ingresar a las universidades sin su correlato en la presencia seductora, violenta y a la vez moralizante del sujeto meritocrático y buen emprendedor que sí ingresó a la universidad. Es importante tanto los resultados cuantificables de una política como la ética social subyacente que hacen posible que se movilice y ejerza.

    Los grupos económicos de poder no solo no se han visto afectados, incluso han aprovechado la “oportunidad histórica” de la pandemia para acelerar la implementación de medidas que los consoliden como élites. A medida que los ingresos del Estado se han ido reduciendo, las medidas de ajuste neoliberal que se han impuesto son más drásticas y las campañas político-culturales más intensas que, en conjunto, buscan naturalizar las inequidades y fragmentar los vínculos comunitarios en los tejidos sociales, independientemente del tinte político del gobierno de turno.

    La estrategia cultural de las élites.

    La estrategia cultural con la que los gobiernos y las élites han tratado de dividir a la sociedad en lo comunicacional consiste en construir dos sujetos diferenciados y en conflicto dentro de la clase trabajadora: los que tienen relación laboral de dependencia versus quienes no la tienen. Buscan que los primeros estén solamente concentrados en la urgencia de proteger los pocos derechos adquiridos y los segundos en obtener cualquier ingreso sin importar si esto implica la regresión de derechos, mientras el 1% más rico pasó de capturar el 12,6% de la riqueza nacional en el 2019 al 18% en post pandemia.

    El sueño de las élites es que los de abajo sigan peleándose desesperadamente por migajas, mientras los de arriba se quedan con todo el pastel. Sin embargo, algunas organizaciones se encuentran levantando un proceso que permitará crear una alternativa frente a la lógica divisionista que desde las élites se ha buscado siempre imponer. Por ejemplo, dentro de las organizaciones sindicales, cada vez hay más sectores que miran como horizonte a la sindicalización por rama de producción, que cobija con derechos laborales tanto a trabajadores bajo relación de dependencia o no.

    El neoliberalismo autoritario no interpela al precariado desde un discurso racional de derechos, lo interpela en lo emocional, dirige su discurso a su rabia y frustración. Por eso es importante levantar argumentos sobre la pérdida de derechos laborales, pero también es significativo mostrar alternativas de seguridad en la reconstrucción y fortalecimiento de los vínculos solidarios, como una forma alternativa de construcción colectiva de la seguridad entre iguales. 

    Para varios sectores precarizados durante los últimos años no es contradictorio que las élites sean las legítimas defensoras de los 7 de cada 10 ecuatorianos que se encuentran entre el desempleo y la precariedad laboral. Muchos han sido envueltos en el discurso de encontrarse perjudicados por la “rigidez” en la normativa laboral que defienden los espacios organizados de los trabajadores: “los jóvenes ya no quieren estabilidad, ni seguridad social”, “se tu propio jefe”, etc., repiten en los medios hegemónicos de comunicación. El mensaje psicopolítico detrás de la campaña mediática del “no hay mayor precariedad laboral que no percibir ningún ingreso” es: “el buen emprendedor desprecia todo lo que huele a derechos laborales; si realmente mereces el prestigio de ser tu propio esclavizador, debes realmente sentirte realizado auto explotándote”.

    Desde arriba se erige una estrategia que busca compensar la sistemática exclusión económica con inclusión cultural: darle glamour a la precariedad. Es una nueva manera de incrementar su poder y tasa de ganancia desprendiéndose de los gastos que implican las obligaciones laborales y sociales. Por eso, dentro de la población precarizada durante los últimos años, sobre todo desde la pandemia, se pueden distinguir dos corrientes respecto a las perspectivas sobre qué rumbo tomar frente a la actual crisis social y política: una seducida por posiciones de “mano dura”-al estilo Bukele o Bolsonaro-, y otra que apuesta por la solidaridad y cuestiona la desigualdad social.

    Es así como el autoritarismo neoliberal intenta legitimarse en una capa social precarizada que se siente libre, cómoda y sofisticada cuando se explota a sí mismo y estigmatiza a quienes podrían exigir mejores condiciones de vida. El buen emprendedor se siente libre cuando se somete ante un poder superior teológico, que le autoexige evidenciar prosperidad y lo seduce haciéndole vivir como iniciativa propia la optimización de sus energías y emociones en función de un mayor rendimiento para el sistema; que a su vez le implica rendirse en el ejercicio de la vitalidad de su propia libertad. Siente su fracaso y el de las clases empobrecidas como algo personal y no estructural: no rechaza al sistema, se rechaza a sí mismo y a los dominados. En vez de revolucionario se vuelve depresivo, con la libertad de exigir desde sus impulsos viscerales. Calma sus carencias mostrando una armadura de crueldad.

    Con el sentido emprendedurista de “no sacrificar la libertad ante la seguridad” se está legitimando socialmente la presencia autoritaria de un Estado-delincuente, justamente ofrendando derechos y libertades en nombre de una supuesta seguridad, a todas luces corrupta. La extrema derecha siempre ha buscado instrumentalizar las pulsiones viscerales, proponiendo algo que sólo da la apariencia de solución, frente a problemas profundos que ellos mismos han causado. Crean desigualdad, esta a su vez aumenta la delincuencia, ganan elecciones con un programa neoliberal y populista punitivo, y se repite el ciclo.

    Con el discurso de Nebot de “abatir a la ínfima porción podrida de la población”, se legitimó en los 80 la violencia política a los dirigentes y al tejido de organizaciones sociales que se opusieron a las medidas neoliberales. Asímismo, con un discurso populista punitivo, que instrumentaliza una sensación visceral de la “libertad”. Actualmente, se podría buscar legitimar una sistemática violencia política a organizaciones y dirigentes sociales. En la consulta popular que se avecina, se termina usando la desesperación por la precariedad y el miedo por la inseguridad como un medio con el cual se intenta legitimar el retroceso social. Un autoritarismo neoliberal plebiscitario que recurre a formas aparentemente democráticas para que el sometimiento parezca consensuado.

    Consulta, trabajo por horas y populismo eléctrico.

    Hay que prestar especial atención al contexto de los últimos días previos a la consulta y referendo. Se pone toda la carne al asador, y no es para menos. Todas las circunstancias parecían dadas para el tan anhelado trabajo por horas y arbitraje internacional, un sueño de las élites que siempre han querido materializar. Y hoy, con un consenso arrasador en la sociedad (por el sentimiento amplio de mano dura) y en la asamblea (luego de varias leyes aprobadas junto al correísmo), parecía al fin alcanzarse. Pero una serie de cortes de energía justo a pocos días de la consulta parecían poner en duda su victoria. Entonces se recurrió a un feriado de dos días y al 50% de pago de planillas eléctricas, como una medida que garantice su percibida y anhelada victoria. Aun así, nada está dicho. Pero tantos años cultivando las condiciones para que florezca la ética social del neoliberalismo autoritario, tampoco es poca cosa.

    Noboa, la diplomacia y el autoritarismo con viraje a la derecha

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    Imagen destacada Alfredo Espinosa
    Alfredo Espinosa articulista La Disputa

    Que nadie nos venda gato por libre. Aunque resulte incómodo y políticamente incorrecto decirlo, la intrusión de policías ordenada por el Presidente de la República, Daniel Noboa, en la sede diplomática de México en Ecuador, para capturar y trasladar a la cárcel ‘La Roca’ al ex vicepresidente Jorge Glas, condenado a pena privativa de libertad, responde estrictamente a los típicos cálculos domésticos de la política electoral, hoy emparejados con una profunda irresponsabilidad e ignorancia diplomática que le puede costar al país una posible suspensión provisional de la Organización de las Naciones Unidas; antes que a la angurria represada de justicia que sienten la mayoría de los ciudadanos al ver como delincuentes comunes disfrazados de perseguidos políticos huyen del país sin contratiempos, con interpretaciones gelatinosas de los instrumentos internacionales y el beneplácito de gobiernos que dicen ser nuestros “amigos” (como el de López Obrador en México), pese a violar el principio de soberanía nacional al entrometerse en la política ecuatoriana y su sistema decisional de justicia, todo por seguir la agenda ideológica del “Grupo de Puebla”, que liga con espíritu de encubrimiento e impunidad regional a compinches, prófugos, autócratas, sentenciados y beneficiarios de la corrupción transnacional de Odebrecht y del narcotráfico.

    Para algunos analistas, el objetivo mayor de Noboa fue la lucha contra la impunidad para evitar que casos como el de la señora María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Transporte sentenciada a 8 años de prisión por el Caso Sobornos, se repitan; es decir, las fugas indecorosas y altaneras ante la inacción e incluso complicidad del gobierno de turno y la justicia ecuatoriana.

    Sin embargo, la razón de fondo para capturar al ex vicepresidente Glas en una intrusión casi hollywoodense en la Embajada de México en Ecuador, no puede ser analizada por fuera del contexto político-electoral que marca el compás de las campaña de Referéndum, Consulta Popular 2024 y la precampaña de las Elecciones Generales 2025, en donde el mismo Presidente Noboa buscará su reelección, posiblemente con partido propio. Solo así se explica que, ocho días después del sangriento feriado de Semana Santa que dejó como saldo 137 muertes violentas; Noboa -con un relato agotado y agobiado por la falta de resultados positivos del “Plan Fénix” y el cuestionamiento de la opinión pública- decida violentar la sede diplomática de México para presentar un trofeo de guerra que supla la ausencia del narcotraficante alias ‘Fito’, me refiero a Jorge Glas, quien habría recibido entre USD 17 y USD 18 millones en sobornos de Conceição Santos, exejecutivo de Odebrecht en Ecuador, según su testimonio en el juicio a Carlos Polit que se desarrolla en Miami, Estados Unidos.

    Con esto, el Gobierno del Ecuador no solo extendió, sino que resignificó la narrativa del “conflicto armado interno” al añadir la “lucha contra la corrupción y la impunidad” como eje del discurso político electoral con el que Noboa pretende una reconciliación con los sectores anticorreístas que le dieron el voto en 2023, en ausencia de su líder máximo, Fernando Villavicencio.

    Para ello, la puesta en escena del régimen es clara, hay que bukelizar la comunicación y la política para sentar una razón de Estado lo suficientemente digerible para que una ciudadanía acrítica y apolicitizada -en palabras de René Zavaleta Mercado, la masa no auto representable con anhelos de autoridad- degluta con entusiasmo y en nombre de la soberanía, cualquier chispazo autoritario de nuestro joven gobernante, a tal punto de que se aliente con fanfarreas y aplausos esta sutil metamorfosis de Noboa que, poco a poco, lo deja ver como una versión rejuvenecida y mejorada del autoritarismo correísta con viraje a la derecha. 

    Sin embargo, los ecuatorianos deben tener mucho cuidado con alentar posturas meditadas con testosterona, porque la potencial recurrencia de esas acciones alimenta el autoritarismo.

    Pero no hay que autoengañarse, sería ingenuo pensar que el Presidente Noboa y su equipo de gobierno optan por convicción en combatir la impunidad y la corrupción, cuando hasta no hace mucho el mismo mandatario promovió y defendió un pacto de gobernabilidad al que calificó de “tregua” con el correísmo, organización política cuestionada porque varios de sus líderes políticos aparecen -con sobrenombres- en los chats del famoso Caso Metástasis y en supuestos diálogos con narcotraficantes como Leandro ‘El Patrón’ Norero y Xavier Jordán.

    Finalmente, más allá de la interpretación antojadiza y poco amigable que hizo el Gobierno de México a la Convención de Caracas respecto a la institución asilo político, y la flagrante violación del Gobierno del Ecuador a la Convención de Viena sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas; lo cierto es que el Gobierno de Noboa sale tan fortalecido ante la ausencia de sanciones internacionales que, hasta de vacaciones salió como si nada hubiera sucedido.

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    La consulta popular, el IVA y el soldado sin cuartel

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    Imagen destacada Alfredo Espinosa
    Alfredo Espinosa articulista La Disputa

    Algunos medios informaron inicialmente de 23 y otros hasta de 31, lo cierto es que, recién la noche del lunes 1 de abril, la Policía Nacional reportó 137 muertes violentas a las que calificó sutilmente de “homicidios intencionales”, todos ocurridos en pleno estado de excepción, motivo suficiente para tirar al olvido un feriado de semana santa extremadamente sangriento, que extiende el vía crucis de inseguridad nacional por el que los ciudadanos han sido obligados a transitar ante la casi nula presencia del Estado.

    El Estado -únicamente- ha puesto sus esfuerzos en cimentar una narrativa aceptada por la opinión pública (el famoso conflicto armado interno) para legitimar una promesa de campaña con pretensiones de panacea y hacer frente a la criminalidad (el Referéndum y Consulta Popular del próximo 21 de abril), aunque esta iniciativa de democracia directa luzca más como una elección primaria, en donde el Presidente Noboa refrendará ante los votantes su elevada popularidad, con miras a una potencial reelección con partido propio para el año 2025.

    Pese a esta condición sui géneris, según la última encuesta de la empresa Click Research, el 65,91% de los ecuatorianos piensa votar mayoritariamente por la opción Sí en las 11 preguntas del Referéndum y Consulta Popular 2024. Situación que revela el ánimo de los ciudadanos por restablecer la paz y combatir la criminalidad, aunque solo el 14,55% de ciudadanos conoce todas sus preguntas y el 43,42% algunas de ellas. Es evidente que la delincuencia, el sicariato y el narcotráfico ocupan el epicentro de problemáticas nacionales con el 37,56% por encima del desempleo y la crisis económica que tienen el 27%.

    Pero el trayecto a un potencial triunfo en las urnas no es sencillo, pues, con el domingo de resurrección, no solo Cristo retornó a la vida, sino también -y a día siguiente- el tradicional incumplimiento de las promesas de campaña, la primera hasta el momento: el alza del IVA (que pasó del 12% al 15%), cuya afectación -una vez más- la pagarán la gran mayoría de ecuatorianos. Medida que, pese a ser inevitable, no servirá únicamente para financiar el “conflicto armado interno” con las 23 bandas de terrorismo urbano, sino también para inyectar recursos y cumplir con la serie de necesidades presentes en la caja fiscal.

    No obstante, esto elude el análisis de un problema de fondo: los subsidios a los combustibles y el modelo de Estado. Por eso los ciudadanos se preguntan si veremos más y mejor seguridad y calidad en los servicios públicos con el aumento del IVA. ¿Qué tipo de seguridad se implementará? ¿Habrá suficiente medicina en hospitales y los servidores públicos cobrarán sus sueldos a tiempo? Pero también, ¿se aplicará en el segundo trimestre de este año el sistema de bandas y eliminación progresiva de algunos subsidios?

    Mientras este combo se cocina al calor de la mescolanza entre los alarmantes requerimientos económicos del país y el apetito de perpetuidad electoral, el presidente Noboa -de pocas palabras, voz tenue y muchos gestos- abandonó los ropajes de estadista que generosamente le asignaron dos ex mandatarios, para lucir -producto del marketeo y de un sutil estado de propaganda- vestido de militar, igual que el actor de cine que gobierna la República de Ucrania, Volodímir Zelenski.

    La razón se empareja con la realidad: el Gobierno tiene miedo, la narrativa del conflicto armado interno se puede agotar en las siguientes semanas por la falta de resultados favorables, cifras esclarecedoras y discursos sobre percepciones que más bien parecen excusas; ya que donde el gobierno ve optimismo ahora los ciudadanos ven muerte y una criminalidad no excepcional.

    ¿Cómo estirar lo suficiente el relato mediático del conflicto armado interno ante un escenario que se le escapa de control a Daniel Noboa? Con más ficción y teatralidad de la mano de producciones videográficas compartidas en redes sociales, donde las fuerzas del orden aparecen en acción junto con la imagen de un joven presidente con traje militar, imán de adulos castrenses y genuflexiones, para quien no pisó un cuartel ni fue a la conscripción, pero lleva consigo un uniforme histórico que ensancha egos y genera cierta sensación de confianza y poder.

    Si el Presidente Noboa es consciente de que -al igual que ocurrió con la consulta popular del expresidente Guillermo Lasso- su Referéndum y Consulta Popular de 2024, está siendo boicoteado por los intereses de las bandas criminales y el narcotráfico, por medio de la serie de actos criminales que escandalizaron al país en el último feriado de semana santa; debe fortalecer la presencia de efectivos militares y policiales en las calles para ofrecerle al país una estrategia integral que operativice las propuestas de política pública que los ciudadanos apoyen en las urnas, pero también tiene la obligación de refrescar su gabinete de los amigos que hoy niegan al excompañero de bancada y exlegislador, Pablo Muentes, procesado en el Caso Purga, pues el combate a las mafias y sus tentáculos inicia con ejemplo.

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    A quién seguir, en quién creer y qué profesar

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    Imagen destacada Álvaro Peña
    Álvaro Peña articulista La Disputa
    Fuente: pixabay

    “Cada uno tiene tres géneros de dependencia: el uno con el espectáculo del mundo que nos rodea; el otro con una causa divina, origen de cuanto acontece a todos los seres; el tercero, con nuestros contemporáneos. (Marco Aurelio, Meditaciones 8.27.)”

    Conforme avanza el mundo y con él todas sus implicaciones tecnológicas, científicas, sociales, personales y hasta familiares, es importante pensar sobre el impacto que este avance está generando en el comportamiento, el estilo de vida o el statu quo del ser humano.

    Se observa con frecuencia como el sistema nos tiene mal ocupados y haciendo cosas muy pocas productivas. Siempre es bueno pensar, de donde viene toda esta dependencia o hasta donde nos va a llevar, sobre todo, analizar en qué punto estamos, para ver si vamos por buen camino o tenemos que redireccionar nuestros objetivos, la vida o los sentimientos.

    Me gusta mucho la Filosofía porque nos ayuda a pensar, a discernir, a buscar la verdad y la sabiduría para adentrarnos al mundo real, el que nos rodea y en el que batallamos a diario, a veces sin darnos cuenta, pero que estamos ahí, inmersos, incoados, aludidos y coligados. Somos el reflejo de lo que los otros hacen o de lo que nos han ensañado que está bien. La educación ciertamente nos ha ayudado a discernir mejor las cosas, nos cuestiona e incita a ir más allá, a descubrir, a debatir, a repensar, e inclusive, a corregir; sin embargo, aún falta mucho por hacer.

    Con lo anterior, quiero ir adentrándome al tema central del presente artículo, a dilucidar lo más acertado posible al comportamiento humano. Dada la siempre nueva coyuntura y su impacto en el hombre, a través de la Filosofía Estoica, específicamente la practicada por Marco Aurelio en su libro de Meditaciones. Y son justamente eso, actos de meditación que nos ayudan a perfeccionar, con la práctica de la frugalidad, el control de las pasiones, y el discernimiento de lo bueno, entre otras cosas.

    Justamente es con una cita del afamado libro del emperador romano, con la que he empezado este artículo y sobre el cual versará el mismo. Tres géneros de dependencia. Tres formas en las que el ser humano se desarrolla en la vida. Tres facetas. Tres estados. Tres afanes por las que se desgasta.

    Primer género de dependencia: el espectáculo del mundo que nos rodea. Este espectáculo tiene que ver con las masas, como lo dijo Gustave Lebon, con sus ideas, sus razonamientos y su imaginación. El mundo está cundido de modas, de tendencias, de tecnología y de redes sociales que son el espectáculo del mundo, porque cada uno muestra lo mejor que tiene o aparenta tener. Es una forma de aunarse al sistema para captar atención y el afecto de los que nos rodean.

    Cada día aparecen nuevas formas de hacer el espectáculo, ahora se ve y se incursiona en la moda aesthetic o coquette, se escucha deliberadamente el uso del lenguaje inclusivo y con esto parecernos comprometidos, incluidos o integrados al show mediático que se propaga hoy en el mundo.

    Las redes sociales, con sus historias, sus fotos, sus reels y un sinnúmero de tendencias es un claro ejemplo de cómo nos distraen, nos alienan y nos hacen, aparentemente, ver más interesantes. Mostrar que comemos, donde estamos y con quien, es otro claro ejemplo de que, por unirnos al espectáculo perdemos desde la intimidad hasta la dignidad. Es un género de dependencia al sistema, o nos unimos o nos morimos, casi siempre se opta por lo primero.

    Una forma de hacer espectáculo con el mundo que nos rodea, es ver como se premia a la música y a sus autores que, en primer lugar, ni se entienden, ni tienen un mensaje positivo que ayude a mejorar esta decadencia social. Parte de este espectáculo es la campaña de marketing realizada, que induce al pensamiento a creer que es buena y de calidad y es lo que necesita el mundo para ser feliz. Cuando en realidad es un elemento distractor del mundo real y sus problemas.

    Segundo género de dependencia: una causa divina. Siempre ha sido cuestionado el origen de las religiones y por ende de Dios. Los no creyentes justifican su postura indicando que Dios es un invento para mantener sumisa a la gente, infundiéndole miedo y tributando la confianza de un ser supremo inventado, a personas comunes y corrientes que se aprovechan de aquella confianza. Desde esa perspectiva y con lo que se sabe ahora de Dios y, sobre todo, de sus adeptos, se justifica dicha postura, sin embargo, sigue siendo un género de dependencia, porque para llegar a pensar y profesar una idea o una creencia, hay una experiencia previa sobre la cual se depende y es la que habla por ellos.

    Por el contrario, los creyentes, desmentimos el invento de Dios, aunque exceptuando la justificación científica, más que la emocional, tradicional o heredada, se basa en una experiencia personal que certifica su existencia y su poder. Ni se condena al no creyente, ni se aplaude al creyente, es una forma de concebir la vida y lo que en ella acontece. Se depende de aquello para atribuir bondades (virtudes) o defectos (pecados) a las personas y a los acontecimientos. Para corroborar o desmentir. Siempre estará en discusión la idea de Dios y su existencia, cada quien da fe de lo que ha experimentado y ante eso, no se puede hacer mucho.

    Tercer género de dependencia: con nuestros contemporáneos. Quizá este siglo es el que más ideologías ha desarrollado, con el nacimiento de partidos políticos, de normas, de leyes o de doctrinas que pretenden mejorar la sociedad, los sistemas de justicia, las formas de gobiernos, la distribución de la riqueza, en fin, de mejorar el lugar donde vivimos. Con nuestros contemporáneos vivimos una forma de agrupación social, por afinidades o por gustos y preferencias. Cuando más adultos nos convertimos, tendemos a ser más selectivos. Seleccionamos el nicho, seleccionamos la horda, seleccionamos el clan.

    Quizá esta sea la mejor forma de dependencia, porque la contemporaneidad implica afinidad, y no solo en cuanto a edad, sino a forma de pensar, de hacer y de actuar. Los grupos sociales se formaron así, como de la misma forma, se crearon las bandas musicales y las sociedades conyugales.

    En fin, todo el ciclo de la vida del ser humano, desde que nace, está inmerso en estos tres géneros de dependencia que lo marcan de por vida, porque sobre ellos versa su comportamiento presente y futuro y sobre el cual, también versará, su descendencia. Desde los orígenes, el hombre sigue siendo el mismo, con las mismas necesidades, aunque muchas de ellas han evolucionado o han cambiado de nombre, sin embargo, son ellas las que definen: a quién seguir; en quién creer y qué profesar.

    Aunque este comportamiento actual del hombre moderno descrito sobre los tres géneros de dependencia está muy lejos de adoptarse o semejarse a un estoicismo probo, este sigue luchando constantemente contra los espectáculos mundanos, los shows mediáticos, las tendencias modernistas y las causas sociales, por ver convertida una sociedad más justa, equitativa y perfecta; por ello, también es necesario considerarlos de manera consciente y constante para analizar hasta qué punto podemos revertir, aunarnos, o luchar contra aquello.

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    Sororidad no es indolencia

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    Alfredo Espinosa articulista La Disputa

    Que nadie se sorprenda, la facción del feminismo acomodaticio y pedigüeño de hoy en día tiende a silenciar -y hasta hipotecar- su voz crítica frente a la polémica gestión de mujeres que, en el ejercicio cotidiano de sus funciones, han devaluado la dignidad de los cargos que desempeñan en varias de las instituciones del Estado.

    Pareciera que este tipo de “sororidad”, esta autocensura con potenciales fines de lucro político -y posiblemente económico- encierra en sí misma una excusa cobarde para desarticular toda acción de escrutinio público, al elevar a máxima el que una persona, por el simple hecho de ser mujer (indígena, afro o de cualquier otra etnia minoritaria, incluso por encima de su formación y experiencia, académica y profesional), sea catalogada de honesta; aunque la realidad real -libre del costoso marketeo y la parafernalia mediática- dé cuenta de lo contrario.

    Tal es así que, cuando son observadas por el lente acucioso del periodismo, estas mujeres recurren -por sobre cualquier argumento de eficiencia y honestidad- a la famosa violencia política de género y hasta al racismo, para lavarse el rostro con demandas.

    Pero esto no es todo, esta “sororidad” políticamente incorrecta con la génesis del feminismo también encubre y violenta las luchas de las propias mujeres que, pese a ser autoridades, son víctimas del autoritarismo de otras mujeres que ejercen el poder desde el mismo Estado, quienes han lucrado de las luchas históricas contra la invisibilidad de una democracia con sesgo patriarcal y que -irónicamente- hoy reproducen los vicios del pasado en el desarrollo de su gestión.

    Algo de lo que muy poco o casi nada hablan las integrantes de los colectivos feministas, más aún en espacios públicos; la razón es sencilla: estas mujeres no pueden darse el lujo de perder potenciales clientes y su esporádico nexo con el poder, que suele recompensar la fidelidad y el silencio con notoriedad política, eventismo, cargos y reconocimiento público; suficientes para saciar cualquier angurria atrasada. Frente a ello, es más conveniente hablar de cuotas de género, mayor presencia en lo público y -desde luego- mayor presupuesto, porque las platas son infaltables en cualquier conversación.

    Pareciera entonces que la palabra sororidad introducida deliberadamente por mujeres para su uso exclusivo, y resignificada a conveniencia de una longeva élite feminista que no logró enquistarse en lo público el siglo pasado, tiende a desarticular cualquier ejercicio de fiscalización y control a la gestión de otras mujeres en el Estado. Es decir, el fin de esta palabreja manoseada es desmantelar la lucha contra la corrupción que promueven unas mujeres -a quienes se califica de “locas”, “intratables” y “problemáticas”; respecto a la administración de otras, cuya credibilidad y honestidad se dilapidan a diario.

    Lo cual me conduce a formular algunas preguntas necesarias, ¿qué tipo de activismo llevan a cabo las mujeres respecto al hostigamiento y la violencia materializados por otras mujeres desde el poder?, ¿existe este activismo?, ¿reconocen a las víctimas como tales o es mejor regresar a ver a los hombres para tener un contendiente con quien su “coherencia” no entre en conflicto? Situación preocupante, pues el feminismo no puede ser obstáculo, sino liberación, empoderamiento y lucha por causas justas que no riñan con la ética.

    Si los colectivos feministas no tienen claro esto, si “se hacen de la vista gorda”, si son indolentes e incoherentes consigo mismos y con las mujeres, perderán toda oportunidad de recuperar, y feminizar la democracia y sus principios.

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    Mujeres en la política

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    Imagen destacada Gabriela Vivanco Collantes

    Las mujeres representan un número importante de la población mundial, a pesar de ello, parece imposible priorizar sus peticiones en las agendas de los Gobiernos nacionales y locales.

    En Ecuador, según cifras del Instituto Ecuatoriano de Cifras (INEC), las mujeres representan un 50.5% del total de habitantes en territorio nacional, también son parte importante de la fuerza económica del país, y han luchado por años para hacerse un espacio en la esfera política, para hacer eco de las diversas situaciones que aquejan a la sociedad y en ese camino, encontrar soluciones.

    Si bien se trata de generar propuestas clave para solventar las problemáticas que se presentan en el país, también denota una lucha por el acceso de las mujeres a espacios de poder y toma de decisiones.

    Hablemos de paridad

    El principio de paridad tiene por finalidad garantizar la igualdad de participación de hombres y mujeres en el acceso a puestos de representación política, la presión de organizaciones de mujeres en el mundo fue vital para conseguir este avance en el reconocimiento de nuestros derechos.

    Es así que, los estados han implementado leyes y normativas relacionadas con las “cuotas” de género, como parte de una estrategia que busca equiparar la representatividad de mujeres y hombres en la política, además, existen varios instrumentos internacionales que apuntan hacia este objetivo específico.

    Pero no se trata de un pedido reciente, la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer firmada el 3 de septiembre de 1981 en su artículo 7 expresa: “Los estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres.”

    Su consolidación, al menos en lo referente a América Latina, fue posible por el Consenso de Quito en 2007; y el Consenso de Brasilia en 2010, como base para la construcción de sociedades más democráticas e igualitarias.

    En el caso de nuestro país, el principio de paridad se encuentra estipulado tanto en la Constitución de la República, como en la Ley Orgánica Electoral.

    Aunque las “cuotas” por sí solas no garantizan la participación política femenina, pues se enfrentan a varios obstáculos como la falta de compromiso estatal, escasez de espacios de formación política dirigido a lideresas, factores socioculturales, violencia política, entre otros.  

    No obstante, el principio de paridad, o más bien, su aplicación en los últimos procesos electorales ha permitido que la presencia de las mujeres en la política ecuatoriana avance en el sentido correcto, hasta consolidar su participación como candidatas, representantes electas y funcionarias públicas en posiciones de poder.

    Cifras sobre representación de las mujeres

    A nivel mundial la presencia de mujeres en la política ha significado un importante paso para consolidar sociedades más equitativas, que las reconozcan como profesionales preparadas para afrontar situaciones complejas con absoluto compromiso y tomar decisiones para el beneficio de sus naciones.

    Según la publicación de la Unión Interparlamentaria: Women in Parliament, en 2022 se llevaron a cabo elecciones en 47 países, resultando elegidas un promedio de 25,8% de mujeres que supone un incremento de 2,3 puntos porcentuales en comparación con las elecciones anteriores.

    Entre los datos más importantes respecto a América Latina, se destaca como un avance las elecciones en Colombia, mientras que Brasil registra una de las votaciones más bajas sobre la representación de mujeres. De la misma manera, 6 países lograron la paridad en sus parlamentos: Cuba, México, Nueva Zelanda, Nicaragua, Ruanda y Emiratos Árabes, sumando otro país a la lista, en relación a 2021.

    En Ecuador, el avance ha sido paulatino, actualmente el artículo 99 del Código de la Democracia establece un 50% de participación de mujeres y hombres en todas las dignidades.  

    A pesar de ello, un informe presentado por el Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género en 2021, demuestra que las cifras, si bien están cerca de equilibrar la balanza, aún presentan una pequeña variación entre cada proceso.

    Así, en las elecciones generales (presidente/a, vicepresidente/a, asambleístas, parlamentarios andinos) de 2009 hubo una participación del 47,1% de mujeres; en 2013 fue de 46,4%; y en 2017 fue del 46,3%.

    En las elecciones seccionales (alcaldías, prefecturas, concejales, vocales) en 2009 se registró una participación del 42,6%; 2013 un 42,1%; y 2017 con un 42,9%.

    Este estudio también evidencia que entre 2009 y 2017 solo tres mujeres se han presentado como candidatas a la Presidencia de la República y 8 han sido candidatas a la Vicepresidencia.

    En el proceso electoral de 2021 se presentaron 16 binomios, solo uno estaba encabezado por una mujer; y apenas 9 cumplían con el principio de paridad.  Durante las elecciones anticipadas de 2023, se presentaron 8 binomios para la presidencia y vicepresidencia, con solo una candidata a la presidencia, mientras los demás tienen como candidato principal a un hombre.

    Para tener una idea general, en lo referente a la Asamblea Nacional, se inscribieron 372 mujeres a las candidaturas de asambleístas provinciales de un total de 772 es decir el 48.18%; y, 65 mujeres para asambleístas nacionales de un total de 134 que corresponde al 48.5%, estos datos, corresponden a candidaturas principales y reflejan un avance importante en este ámbito.

    Pero en la práctica, la realidad pinta algo diferente, para legislar y fiscalizar, el poder legislativo se conformará por 137 asambleístas para el período 2023 – 2025, dividido en 15 asambleístas nacionales, 116 provinciales y 6 representantes de personas migrantes.

    Del total de asambleístas elegidos, 60 curules serán ocupados por mujeres, es decir, el 44%, cerca de la meta, pero aun por debajo de las cifras que esperábamos se cristalicen luego del sinnúmero de espacios que se han abierto para fortalecer la participación política femenina en el país.

    Desafíos

    La representatividad de las mujeres en la política no es una casualidad, se ha desarrollado por una suma de esfuerzos generados desde sociedad civil, movimientos de mujeres, y lideresas, que buscan igualdad de oportunidades.

    Otro desafío se relaciona con el compromiso de los partidos políticos, pues según el Índice de Paridad Política (IPP) en Ecuador 2022 publicado por ONU Mujeres y PNUD, se ubica en un 20% el porcentaje de partidos políticos con unidades de la mujer /igualdad; y en apenas un 40% su compromiso con los principios de igualdad de género o discriminación por sexo.

    Adicionalmente, se deben crear mecanismos sostenidos para la implementación adecuada de la paridad en los diversos niveles de Gobierno, que no se diluyan con los cambios de mando, y más bien, se propenda su fortalecimiento con miras a incrementar la participación de mujeres en las esferas políticas.

    Finalmente, aunque el principio de paridad está incluido en la normativa ecuatoriana, se podrían reforzar las Leyes actuales para actuar en caso de incumplimientos.

    Referencias:

    Albaine, L. (2015). Obstáculos y desafíos de la paridad de género. Violencia política, sistema electoral e interculturalidad. Íconos – Revista De Ciencias Sociales, 19(52), 145–162. https://doi.org/10.17141/iconos.52.2015.1675

    Consejo Nacional Electoral (CNE); Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG). (2020). Participación de las Mujeres en la Política.

    Constitución de la República de Ecuador. (2008).

    Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. (1981).https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women

    Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia. (2009).

    ONU Mujeres, PNUD. (2022). Diagnóstico Nacional, Desafíos de la Democracia Paritaria en Ecuador. Índice de Paridad Política (IPP) en Ecuador 2022. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-06/ipp_resumen_final.pdf

    Unión Interparlamentaria (UIP). (2023). Las mujeres en el parlamento en 2022. ISSN 1993-5196.

    Nota aclaratoria: este artículo no promueve un lenguaje sexista y está de acuerdo con el uso del lenguaje inclusivo. Pero no utiliza los pronombres el/la los/las o les, para evitar posibles confusiones.

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    Cese definitivo del extractivismo en el Bloque 43 y Chocó Andino

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    Andrés Ojeda

    Cierre definitivo de la actividad petrolera en el Bloque 43 ITT: Un paso hacia la sostenibilidad ambiental

    El Bloque 43 Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT) es el mayor proyecto en la historia de la explotación petrolera del país. Ha operado dentro de la Reserva de Biosfera del Parque Nacional Yasuní, generando el constante debate y conflictos por décadas. Por la vasta reserva de crudo que alberga este ecosistema, ha sido objeto de interés económico y ambiental. Sin embargo, en 2023 se tomó una medida histórica que marca un hito en la lucha por la conservación ambiental: el cierre definitivo de la actividad petrolera en el Bloque 43 ITT.

    La Consulta Popular de 2023 obtuvo el 58,95% de votos a favor de proteger el Yasuní. Por tanto, la actividad deberá cerrarse definitivamente el 31 de agosto de 2024. Grupos ecologistas han solicitado a la Corte Nacional que se haga una revisión y se destituya a los funcionarios que pretenden incumplir los resultados democráticos de la consulta.

    Esta decisión representa un paso significativo hacia la sostenibilidad ambiental y la preservación de uno de los ecosistemas más diversos y frágiles del planeta. El bloque ITT se encuentra en una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo, hogar de numerosas especies vegetales y animales, algunas de las cuales son endémicas y están en peligro de extinción.

    El cese del extractivismo en el Bloque 43 ITT es el resultado de un proceso largo y complejo que involucra a múltiples partes interesadas, incluidos el gobierno ecuatoriano, las comunidades indígenas locales, organizaciones ambientales y empresas petroleras. Durante años, ha habido una lucha constante entre aquellos que buscan explotar los recursos naturales de la región y aquellos que abogan por su protección.

    Uno de los aspectos clave que condujeron a esta decisión fue el reconocimiento de los impactos devastadores que la extracción petrolera tendría sobre la naturaleza y en las comunidades que dependen de la selva amazónica para su subsistencia. La contaminación del agua, la deforestación, la pérdida de hábitat y la alteración de los ecosistemas son solo algunas de las consecuencias negativas asociadas con la actividad petrolera en la región

    Además de los impactos ambientales, también se consideraron los impactos sociales y culturales. La mayor parte de las comunidades indígenas han expresado repetidamente su oposición a la explotación petrolera en sus tierras, argumentando que amenaza su forma de vida tradicional y socava sus derechos territoriales. El cierre del Bloque 43 ITT representa un triunfo para estas comunidades, que han luchado durante años para proteger sus tierras y su patrimonio cultural.

    Si bien el cierre de la actividad petrolera en el Bloque 43 ITT es una victoria para la conservación ambiental y los derechos indígenas, también plantea desafíos significativos. Ecuador es un país que ha dependido históricamente de los ingresos petroleros para su desarrollo económico. El cierre del bloque ITT tendrá implicaciones económicas a corto plazo, ya que se perderán ingresos por concepto de exportaciones de petróleo y se crearán desafíos para la transición hacia fuentes de energía más sostenibles.

    Sin embargo, muchos argumentan que los beneficios a largo plazo de preservar el Yasuní superan con creces los costos económicos inmediatos. La región amazónica desempeña un papel crucial en la regulación del clima global y alberga una biodiversidad única que no tiene precio. Además, el ecoturismo y otras formas de desarrollo sostenible ofrecen oportunidades económicas alternativas que pueden beneficiar a las comunidades sin dañar el medio ambiente.

    En última instancia, la clausura definitiva de la actividad extractivista en el Bloque 43 ITT es un paso en la dirección correcta hacia un futuro más sostenible y equitativo. El dictamen del pueblo ecuatoriano envía un poderoso mensaje al mundo al hacer posible equilibrar el desarrollo económico con la conservación ambiental y el respeto a los derechos de las comunidades indígenas. Si otros países siguen el ejemplo de Ecuador, podríamos estar un paso más cerca de garantizar un futuro habitable para las generaciones venideras.

    El cese definitivo de la actividad minera en el Chocó Andino

    En un hito histórico para la conservación ambiental y la protección de la biodiversidad, el gobierno ecuatoriano deberá realizar la suspensión definitiva de todas las concesiones mineras existentes en la región del Chocó Andino.

    Los resultados de la Consulta Popular de 2023 arrojaron que, el 70% de la población de Pichincha votó en contra de la explotación minera en la reserva de biosfera del Chocó Andino. En esta región existen doce concesiones con licencia que no podrán pasar a fase de explotación, y ocho en trámite que no podrán ser concesionadas.

    Esta resolución popular marca el fin de décadas de conflicto entre los intereses económicos y la preservación de uno de los ecosistemas más diversos y frágiles del planeta. El Chocó Andino ubicado en la vertiente occidental de los Andes ecuatorianos, es reconocido internacionalmente por su extraordinaria diversidad biológica. Sus bosques nublados albergan una gran variedad de especies endémicas, muchas de las cuales se encuentran en peligro de extinción. Sin embargo, esta riqueza natural ha estado amenazada durante años por la explotación minera, que ha dejado un profundo impacto ambiental y social en la región.

    Esta decisión supone un exhaustivo análisis de los impactos ambientales y sociales de esta actividad. Estudios científicos han demostrado los efectos devastadores de la minería en la calidad del agua, la pérdida de hábitat para la fauna y la flora, la contaminación del suelo y del aire. Además, las comunidades locales han sufrido la desintegración de sus tejidos sociales y culturales, así como la violación de sus derechos territoriales.

    El cierre de la minería en el Chocó Andino representa un paso adelante en el compromiso del gobierno ecuatoriano con la conservación ambiental y el respeto a los derechos de las comunidades indígenas y rurales. Se espera que la decisión del pueblo sea respetada por parte del gobierno y no solo proteja el invaluable patrimonio natural de la región, sino que también impulse el desarrollo de alternativas económicas sostenibles para las comunidades locales.

    A mi criterio, entre las medidas complementarias que deberá promover el gobierno se encuentran programas de reforestación, ecoturismo y agroecología destinados a promover la conservación de los ecosistemas del Chocó Andino y a brindar oportunidades de sustento a sus habitantes. Asimismo, se deberán implementar planes de vigilancia y control para prevenir cualquier intento de reactivación de la actividad minera en la región.

    El cese definitivo de la minería en el Chocó Andino ha sido recibido con gran entusiasmo por parte de organizaciones ambientales, científicas y de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Se espera que esta resolución inspire a otros países a tomar medidas similares para proteger sus áreas naturales más vulnerables y promover un modelo de desarrollo que respete los límites de la naturaleza y garantice el bienestar de todas las formas de vida.

    Sin embargo, también surgen desafíos y preocupaciones ante el cierre de la actividad minera. Muchas comunidades dependían económicamente de la minería, y será necesario implementar programas de apoyo y reconversión laboral para garantizar su bienestar y su integración en las nuevas actividades económicas. Además, será fundamental fortalecer la vigilancia y el control para evitar la presencia de actividades ilegales que pongan en riesgo la conservación de la región.

    En resumen, el cierre definitivo de la minería en el Chocó Andino ecuatoriano representa un antecedente histórico en la lucha por la conservación ambiental y los derechos de las comunidades. Esta decisión marca el inicio de una nueva etapa en la que la protección de la biodiversidad y el bienestar de las personas se convierten en prioridades fundamentales para el desarrollo sostenible de la región y del país en su conjunto.

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    Consulta popular más “gobierno candidato”, ¿igual a reelección?

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    Alfredo Espinosa articulista La Disputa

    En Ecuador -como en otros países de la región y el mundo- los mecanismos de democracia directa que se activan desde arriba, es decir, desde el Ejecutivo, cumplen una doble función: por un lado sirven para evaluar el rendimiento y la calidad del sistema decisional y político del Estado, así como la eficiencia y efectividad de la democracia representativa y su institucionalidad; y, por otro, son de utilidad para prefabricar una plataforma electoral destinada a medir con votos la aceptación del “gobierno candidato” en el próximo Referéndum y Consulta Popular del 21 de abril de 2024.

    De esta manera, las 4 preguntas de referéndum y 6 de consulta popular, buscarían -al menos en teoría y sin un efecto inmediato- resolver el desencuentro entre un anacrónico y golpeado sistema de seguridad estatal, y una nueva normalidad marcada por el recrudecimiento de la violencia, el terrorismo urbano operativizado por más de una veintena de bandas narco-delincuenciales y la puja constante por el restablecimiento de la armonía social.

    Temas que -paradójicamente- nunca ocuparon la centralidad de las propuestas de campaña del ahora presidente Daniel Noboa y que, pese a ello, al calor de la gestión gubernamental y de la coyuntura social, son la razón de Estado del “Proyecto Noboa” que impulsa la unidad nacional en torno a la paz, y cuyo principal framing de campaña (el “Caballo de Troya electoral”) para este referéndum y consulta popular, así como para la venidera elección presidencial de 2025, es el robustecimiento de su legitimidad de origen patrocinada por la “guerra interna”: un estado de excepción prolongado que alimenta sentimientos de seguridad y protección en los ciudadanos.

    Tan bien posicionada está la narrativa del Gobierno Nacional sobre la “guerra interna”, que en nombre de ella, los históricos desafectos ciudadanos hacia los impuestos quedaron relegados bajo la consigna de que es mucho más conveniente que la gente entregue su dinero al Estado -a través del incremento permanente al Impuesto del Valor Agregado (IVA) del 12% al 13%, con la posibilidad de que el Presidente modifique la tarifa dentro del rango del 13% al 15% mediante Decreto Ejecutivo, antes que destinarlo a malandrines drogodependientes y vacunadores. Consigna bélica que, con el mismo paso del tiempo y de no existir contrapesos, se podría convertir en un peligroso “dejar hacer y dejar pasar” en constante coqueteo con el hiperpresidencialismo autoritario.

    En este escenario, ¿cuál es el mérito de Noboa? Su practicidad. Sin ser ni de lejos un estadista -como generosamente el ex presidente Osvaldo Hurtado lo calificó- Noboa puso el dedo en la llaga, no solo anuló al precandidato marketeado de la seguridad (Jan Topic, cuarto en las elecciones anticipadas 2023) para apropiarse de su eje de campaña, sino que hizo suya la tarea irresuelta por unas élites devaluadas y beneficiarias de la democracia representativa que priorizaron -casi exclusivamente- el reparto del Legislativo antes que el sintonizar con la preocupación central de la mayoría de ecuatorianos: la inseguridad.

    Al menos así lo considera el 44,5% de ciudadanos encuestados por la empresa Comunicaliza, en su último estudio del 28 de enero de 2024, cifra que se empareja con el 25,5% que creen que la lucha contra la delincuencia debe ser la mayor prioridad en la que tanto el Ejecutivo y como el Legislativo deben trabajar, incluso por encima de la lucha contra la corrupción (17,3%).

    En sí, este Referéndum y Consulta Popular del próximo 21 de abril puede marcar el inicio de una lid electoral de mediana y larga duración, al menos si los resultados le son favorables al Presidente Noboa, ya que la democracia directa representa el primer elemento de una triada integrada también por la obtención del partido político propio (el partido de gobierno que hoy no existe) al amparo de un sistema electoral clientelar y la ansiada reelección del mandatario en 2025. Si este andamiaje opera de manera coordinada y sin contratiempos políticos, los ecuatorianos asistiremos a un nuevo periodo de extensa estabilidad (al menos cinco años y medio), liderado por un “gobierno candidato” que abraza el populismo de derecha y que mira en los criterios de política pública de los ciudadanos su puerta de ingreso a la continuidad.

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    Terrorismo: la nueva normalidad del Ecuador

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    Que nadie se engañe, el Ecuador libra un combate contra delincuentes avezados, malandros drogodependientes -en su mayoría menores de edad- que operan como terroristas y que han sumido al país en una ola de violencia sin precedentes históricos. Muchos de ellos son provenientes de las barriadas más desatendidas y lúmpenes de las provincias de la costa; pero también hay extranjeros, aquellos que ingresaron “como Pedro por su casa” por nuestras fronteras gracias al dichoso experimento progresista de la “ciudadanía universal”.

    De hecho, aunque algunos híper-garantistas amantes del neoconstitucionalismo y los derechos humanos selectivos lo quieran negar, la narcodelincuencia -con todos sus tentáculos en la justicia, la política e incluso la economía- marca la condición de una nueva normalidad.

    “La guerra interna” con la que tenemos que lidiar -al menos- si queremos sobrevivir en este ambiente hostil, donde a cualquier hora del día hay amenazas de bomba, amotinamientos carcelarios, secuestro de personas, “vacunas”, quema de autos y muertes violentas que develan -ante los ojos del mundo- el rostro de un Estado gangrenado y sufriente, que intenta recuperar el control y su autoridad al interior del territorio nacional; pese a que su institucionalidad está enquistada por las mismas organizaciones criminales que auspician y financian los actos terroristas perpetrados por jóvenes, en su mayoría afros y cholos que visten de pantaloneta, usan chancletas, andan de a par en moto y cargan desde pistolas hasta fusiles de asalto y explosivos para matanzas individuales y carnicerías colectivas.

    La realidad es durísima, pero hay que reconocerla. Solo en un país sin limitaciones morales y, por ende, de absoluta putrefacción social -del cual el Estado, los gobiernos anteriores y las élites políticas son corresponsables-, puede haber orgullo y satisfacción al autoidentificarse con cualquiera de las 23 organizaciones de terrorismo urbano y su rastro de muerte que, en 2023, dejó 7 878 crímenes entre asesinatos, homicidios, femicidios y sicariatos, con una tasa de homicidios de casi 50 muertes por cada 100.000 habitantes; y un alarmante un décimo lugar en la lista de los países más peligrosos del mundo, según Global Organized Crime Index 2023, (con un puntaje de criminalidad de 7,07), y el más violento de la región.

    Frente a ello, hay que admitir que, pese a no estar de acuerdo con varios aspectos de fondo y forma de la gestión del presidente de la república, Daniel Noboa, este ha tomado el combate al terrorismo como primerísima prioridad -aunque alias ‘Fito’ líder de ‘Los Choneros’ todavía no aparezca y más allá de cualquier cálculo electoral que pueda existir- a tal punto de que ya no importa si el Plan de Seguridad del Gobierno Nacional se llama “Fénix”, “gorrión”, “paloma” o “halcón”; la clave es combatir a la narcodelincuencia y a sus operadores con la fuerza de un Estado que con sus policías y militares legitima la unidad nacional.

    Sin embargo, este mismo Estado batalla contra su propio sistema de justicia, anacrónico y corrupto, que boicotea el trabajo de policías y militares al dejar en libertad a los miembros del terrorismo urbano, como ocurrió con una estructura de ‘Los Lobos’ detenida infraganti el pasado domingo 14 de enero, por atentar con explosivos contra las instalaciones de la Policía Judicial.

    Solos no lograremos sostener el conflicto interno, mucho menos ganar esta guerra. Por ello, más allá de cualquier sesgo, es clave la presencia de la cooperación internacional en materia de seguridad y de los gobiernos amigos para derrumbar la cuasi soberanía que hoy tienen en barrios, parroquias, cantones y provincias del país las organizaciones terroristas y sus malandrines drogodependientes.

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