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El aborto en casos de violación es una deuda estatal con las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en el país.
El reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas y adolescentes avanza pausadamente en el país, siendo la sentencia emitida por la Corte Constitucional del Ecuador el pasado 28 de abril de 2021, sobre el fondo de los artículos 149 y 150 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, una clara muestra de los cambios que vivimos.
Y es que, para las autoridades, resultó imposible ignorar las voces de organizaciones de la sociedad civil, mujeres, feministas, personas sexo diversas e instituciones que insistieron en el pedido de inconstitucionalidad de estos artículos, que vulneraban de frente los derechos de miles de mujeres, niñas y adolescentes, negándoles la posibilidad de decidir sobre sus propios cuerpos.
En su sentencia la Corte Constitucional del Ecuador, también estableció la inconstitucionalidad de las penas privativas que iban de seis meses a dos años, para las mujeres gestantes como producto de una violación que decidían abortar, y para quienes intervinieran en el proceso, criminalizando a las víctimas, negándoles su derecho a desarrollar una vida digna.
Así mismo, estableció que la Defensoría del Pueblo elabore una Ley para la interrupción voluntaria del embarazo por violación, documento normativo que fue construido con la participación activa de organizaciones sociales, feministas, mujeres y expertos en la materia, entregado el 28 de junio en la Asamblea Nacional.
Este órgano de justicia constitucional tomó una decisión histórica que marcará un antes y un después en las vidas de mujeres víctimas de violencia, que por largo tiempo han buscado acceder al aborto -al menos-por violación.
Esta disposición, incidirá directamente en la criminalización del aborto en el país, pues según un informe de Human Rights Watch, entre 2014 y junio de 2019, la Fiscalía General del Estado “presentó cargos por presunto aborto consentido en 286 casos”. Por su parte, el Consejo de la Judicatura señaló que contaba con 99 casos resueltos y 122 en trámite.
Los casos de las mujeres que se presentan en este informe, muestran claramente el impacto negativo en sus vidas, primero por la falta de garantías que ofrecen los operadores de salud, quienes sin lugar a dudas violaron el secreto profesional en todos los casos, sin permitirles acceder a una defensa adecuada, y levantando juicios de valor en primera instancia, aun sin conocer los verdaderos motivos por los cuales, el aborto se estaba dando.
La criminalización del aborto lo único que ha provocado es seguir estigmatizando un acto, que ocurre todos los días en lugares clandestinos, sin las debidas medidas de seguridad, poniendo en riesgo la vida de cientos de mujeres. Cuando el Estado debería brindar todas las facilidades para que se lleve a cabo el procedimiento, cumpliendo con los protocolos adecuados, pero, sobre todo, respetando el derecho de las niñas, adolescentes y mujeres al acceso a servicios de salud de calidad y con enfoque de género, conforme lo señala el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador.
“Las niñas son niñas, las niñas no son madres.”
Sumado a todo ello, solo durante el 2020, 1.631 niñas entre 10 y 14 años dieron a luz en Ecuador, según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos – INEC. Estas cifras son fáciles de interpretar, si nos basamos en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal que señala “todo acceso carnal con penetración a una menor de catorce años es violación”, no queda lugar a dudas, estos embarazos son producto de violencia sexual, y pudieron impedirse con la aplicación de un aborto.
Con todo esto, ¿por qué sigue siendo tan difícil comprender que el acceso a un aborto seguro y gratuito en casos de violación se trata de una medida, por más adecuada para las víctimas de violencia? Sigue siendo un misterio para muchas de nosotras que, nuestra sociedad llame “asesinas” a quienes tomaron esta decisión, pero proteja -en varios casos- a los responsables de tanta violencia.
Puede ser, porque seguimos opinando desde nuestro privilegio, sobre realidades muy alejadas de las que vivimos a diario, que ocurren en cualquier parte del país, en sectores rurales, afectados por la falta de acceso a la educación, salud o justicia; situaciones endurecidas por factores como la pobreza, marcando profundas desigualdades en entornos tan cercanos y lejanos a la vez.
“Asesinos, asesinos son ustedes, las que mueren en abortos clandestinos son mujeres.”
El Estado, tampoco ha adoptado el papel que le corresponde para prevenir la violencia basada en género, a pesar de contar con una Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres promulgada en 2018, que entre otras cosas señala ejes de prevención, atención y protección, que no son cumplidas por las instituciones involucradas.
Y es que el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito en casos de violación como primer paso permitirá que las víctimas accedan a parte de una reparación necesaria y que, además es una obligación de un Estado indolente, con una agenda lejana a nuestras prioridades; que, además, no ha encontrado el mecanismo adecuado para proteger a las niñas, adolescentes o mujeres víctimas de la violencia estructural, en ningún ámbito, ya sea este público o privado.
Hoy por hoy, las mujeres ya no tenemos miedo de denunciar, incluso a costa de dejar atrás nuestra propia intimidad, con tal de que nuestros agresores reciban condenas justas y las víctimas, un trato digno. Somos más fuertes, y ya no estamos solas, tomarnos el espacio público para visibilizar nuestra lucha fue el primer paso, ahora ¿quién puede detenernos? Seguramente nadie…
Desde el feminismo, llevando con orgullo nuestros pañuelos verdes, seguiremos exigiendo reparación y justicia para las víctimas de violencia sexual en el país, para que las autoridades recuerden para quien trabajan; y, para que la sociedad no olvide que la violencia, es el enemigo número uno.
“La maternidad será deseada o no será”.
Referencias:
Código Orgánico Integral Penal. (2014).
Constitución de la República del Ecuador. (2008).
Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Cifras – INEC. (2020). https://bit.ly/2YJkHsi
Human Rights Watch. (Julio de 2021). “¿Por qué me quieren volver hacer sufrir?” El impacto de la criminalización del aborto en Ecuador. ISBN: 978-1-62313-921-6
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