Estado de excepción Estado de excepción Estado de excepción
La delincuencia organizada, el narcotráfico, los sicariatos y un sentido exacerbado de inseguridad comunitaria contaminan el aire de las urbes ecuatorianas. Este no es un problema de reciente emersión, sino una excrecencia cancerosa que se ha desarrollado en la umbría de la incapacidad y contubernio de los últimos catorce años de desgobierno.
Un sistema carcelario deficiente e incapaz de mitigar el influjo del hacinamiento de las bandas criminales y, del lado de lo axiomático, soluciones efectistas que provienen de los corrillos del socialcristianismo. Ambos extremos no hacen sino patentizar la inequívoca descomposición del Estado y su progenie: los arbitristas que pretenden acabar con la delincuencia haciendo de cada ciudadano, su propio agente del orden con un arma al cinto.
Pero ¿cuál ha sido la respuesta del actual gobierno ante la epidemia delincuencial? El pasado 18 de octubre, el presidente de la República, Guillermo Lasso, en su segunda cadena nacional luego de estar casi seis meses en la presidencia, dispuso el estado de excepción en todo el territorio nacional, por el plazo de 60 días, a través de su decreto ejecutivo N° 224.
Con esto, una serie de operativos de control y vigilancia, coordinados entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, se desplegarán en zonas estratégicas del país. Requisiciones de drogas, controles de armas, patrullajes las 24 horas del día e inspecciones permanentes son algunas de las acciones cuya ejecución cuenta con el beneplácito presidencial.
Asimismo, se exhorta al Ministerio de Economía y Finanzas para que provea de los recursos necesarios para la contingencia, y se creará una Unidad Legal de Defensa para los miembros de la fuerza pública; quienes ahora, pueden actuar con total contundencia en contra de las perturbaciones al orden. Este último punto ha desatado una serie de sospechas entre los detractores del gobierno. Algunos tildan a la medida como represora y perniciosa al derecho a la resistencia.
Pero, el orden de los movimientos del presidente empezó en horas de la tarde, con el nombramiento del coronel en servicio pasivo, Luis Hernández, como el nuevo ministro de Defensa en reemplazo de Fernando Donoso. Este inusitado cambio en la nómina de sus adláteres fue oficializado horas después del inicio de la “Jornada nacional de lucha unitaria” y del anuncio del Parlamento Plurinacional de los Pueblos acerca de una nueva sedición planificada para el próximo 26 de octubre.
Con los ánimos soliviantados por el alza del precio del combustible, la depreciación de los productos del campo y lo que se considera una invitación al fracaso laboral con el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades, los sectores populares, estudiantes, campesinos, médicos y transportistas han expresado su inconformidad a través de convocatorias a plantones y movilizaciones. Sin embargo, con la declaratoria del estado de excepción se subvierte el curso de las protestas.
La violencia y los disturbios son el cariz de cada protesta que “reivindica” supuestas voluntades colectivas. La pléyade de los levantiscos, liderados por Iza y compañía, calan hondo en quienes anhelan contar con figuras de auténtica representación. No obstante, tal vinculación tripartita entre la academia, el pueblo y el gobierno ni siquiera está cerca de su concreción. Como lo explicaba Antonio Gramsci, ni la erudición omnímoda ni la tozudes del filisteísmo fundamentalista pueden encarnar verdaderas revoluciones. En otras palabras, no basta con ser “revolucionario”, hay que encaminar el levantamiento hacia la resolución de conflictos. Esta afirmación produce auténticos quebraderos de cabeza en Iza, quien piensa que existe una relación directamente proporcional entre una álgida violencia y los consensos que subsanen la crisis que la genera.
Entonces, ¿Qué inspira a Iza sino su ostensible avidez de caos y destrucción? Es una verdad de Perogrullo, pero para quienes aún se aferran a insidiosos cuentos de pobres luchando por pobres, Leónidas Iza ha demostrado su clara propensión a un correísmo velado; émulo del advenedizo con ego supino y voz engolada, que ahora clama por la destitución de Lasso de resultas de una investigación conferida a la comisión legislativa en donde, por obra del destino, UNES (ahora llamado Revolución ciudadana) y Pachakutik cuentan con mayoría de legisladores.
La memoria es frágil y todo es válido si se trata de la remoción del banquero que encarna el miedo cerval al “Imperio”. ¿Qué más da si algunos de los miembros del movimiento indígena fueron arrastrados? Es un precio justo a pagar cuando se trata de luchar a favor de entelequias dogmáticas y fantasías decimonónicas.
Esta instrumentalización de constantes descalificativos y manipulaciones resulta especialmente efectiva dentro de un público joven y vulnerable a imposturas. El efecto secundario es la creación de un ejército de insensatos desinformados que difaman y escarnecen a políticos porque así lo ordena el archipámpano de la insurrección. Cuando solo es Leónidas o Rafael, es una bagatela, pero cuando son comunidades o incluso medios de comunicación los que hacen catálisis de esfuerzos sistemáticos por redes sociales, el impasse adquiere connotaciones políticas de alcance insospechado.
¿La solución? Leer más y creer menos. Políticos, dirigentes sociales, académicos miembros de la sociedad civil, todos mienten en virtud de los más diversos motivos. En medio de una época de hiper-conexión y de la conformación, casi por ósmosis con la vorágine de acaecimientos, de enjambres políticos, tener una convicción propia y coherente es un reto, una obligación que toda persona que se precie mínimamente inteligente debe plantearse.
Un Estado militarizado criminaliza la propia existencia
Pese a que Iza no es en absoluto un dechado de virtud, ni un baluarte de integridad, existen muchos otros actores políticos y sociales, cuyas demandas requieren la atención inmediata de Lasso.
El despliegue de las Fuerzas Armadas en vísperas de una jornada de protestas extendidas debe ser tomado como un claro intento del gobierno de aliviar las cada vez más tirantes relaciones de un diálogo frustráneo entre la presidencia y las dirigencias sociales. No obstante, lejos de disuadir lo que se barrunta como otro escenario de réplicas de violencia desproporcionada, las dirigencias de los movimientos sindicalistas y de los sectores populares reiteran su postura ante el Ejecutivo.
Por ello, Lasso se curó en salud y creó la Unidad de Defensa Legal para miembros de la fuerza pública. Con ella, el advenimiento de nuevas prerrogativas para el control y uso progresivo de la fuerza, acompañado de la exención jurídica que los absuelve de todo cargo, pone en riesgo no solo a los manifestantes sino a la sociedad civil en su conjunto.
Desde una perspectiva de derechos, el que un agente del orden pueda conculcar las mínimas consideraciones del respeto y la integridad del otro, porque así la ley lo dictamina, pone en entredicho la adecuada aplicación de protocolos y estrategias que menoscaben la incidencia de la delincuencia en las calles.
Además, si se sopesan todas las implicaciones concernientes a esta medida, cabe hacer una diferenciación entre la preparación y el enfoque que cada escalafón de las fuerzas del orden posee. Los militares aplican la denominada fuerza discrecional, esto es, mecanismos que reducen al adversario de manera letal, sin una progresión en las tácticas de sumisión. En contrapartida, los policías ejecutan la fuerza progresiva, cuyo desenlace no es otro sino las garantías de la ley en el debido proceso. Sin embargo, al coexistir ambas variables, la balanza se inclinará hacia la rotundidad de la fuerza letal.
Todo esto compromete el bienestar y la seguridad de la ciudadanía que, sin apenas tener relación con las movilizaciones o peor aún con la delincuencia que asecha en cada rincón, transitan por las calles, ignorando que un contingente de soldados no es más que la confirmación de un Estado de violencia en las calles; una medida desesperada con un aciago desenlace consabido. Además, dotar de material armamentístico a las fuerzas del orden es un gasto no contemplado en un limitado y precario presupuesto.
Para mayor inri, Lasso mencionó que aquellos jóvenes que no consigan empleo ni accedan a un cupo en alguna universidad de su escogencia, podrán incorporarse al servicio militar. Los neófitos de la armada, en primera instancia, puede que se afinquen en el ejército, sin embargo, a la postre, tendrán que reinsertarse en la vida civil sin garantías de ningún tipo para conseguir empleos plenos y estabilidad laboral.
Por donde se lo vea, el estado de excepción es una medida inapropiada, que subsume muchos riesgos y pocas respuestas a los problemas que acucian soluciones planificadas e inmediatas. Se espera que durante los próximos 60 días de estado de excepción el gobierno proponga un plan de seguridad sostenido.
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