Naturalista, animalista y activista. Autor de mi propia historia. Soy un alma vieja que anuló el ego para evolucionar en un nuevo ser humano. Mi aporte a la sociedad está en la empatía, ser buena persona y ponerme a diario el uniforme de piel humana. El autoconocimiento y la sabiduría son una lucha constante.
Antecedentes del Terrorismo en Ecuador
En 2008, el país experimentó un atentado en Sucumbíos atribuído a las FARC, dejando varias víctimas mortales y poniendo de manifiesto la vulnerabilidad del país frente a la influencia de grupos armados provenientes de naciones vecinas.
Para el período 2018-2020, los enfrentamientos entre los grupos se intensificaron, iniciando la conformación de nuevas bandas que tomaron control de los recintos carcelarios. Para el período 2021-2022, hubo otros atentados y masacres en diferentes recintos penitenciarios, con bajas de más de 120 personas. En 2023, surgieron ataques inéditos en Quito con coches bomba, el magnicidio del candidato Fernando Villavicencio; y en diciembre, Fiscalía dio a conocer el caso «Metástasis».
Es esencial fortalecer la seguridad interna y la cooperación regional en la lucha contra el terrorismo. La amenaza no conoce fronteras y el país debe estar preparado para enfrentarlo; evitando caer en la división y el miedo. La respuesta no debe ser solo militar o represiva, sino también adoptar medidas que aborden las causas subyacentes del extremismo. La inversión en educación, la promoción del diálogo y la inclusión social son herramientas poderosas para prevenir el surgimiento de grupos radicales.
Estos apuntes son un recordatorio de los desafíos que la nación ha enfrentado para construir un futuro más seguro y resiliente. El gobierno tiene la oportunidad de fortalecer el tejido social, promover la unidad y trabajar en conjunto con la comunidad internacional para prevenir y combatir la violencia.
El terrorismo en la actualidad
Con el «cáncer» del terrorismo irrigado por todo el aparato estatal, el gobierno enfrenta su primera crisis. En enero de 2024, el Presidente Daniel Noboa, estableció el Estado de Excepción y Conflicto Armado Interno, indicando que no se negociará con el narcoterrorismo y declarando a los grupos como objetivos militares. Los recintes atentados contra TC Televisión, entidades educativas y el secuestro de guías penitenciarios, causaron conmmoción nacional. La crítica compara al Ecuador con Colombia y México, países que por años han enfrentado situaciones similares.
La crisis exige una respuesta coordinada y decidida por parte del gobierno y la sociedad. Ecuador se ha visto sacudido por incidentes que han despertado la preocupación de la ciudadanía. El terrorismo, con sus variadas manifestaciones, no distingue fronteras ni ideologías. Es imperativo reconocer la necesidad de unidad nacional. Frente a la violencia, la fragmentación y la polarización solo sirven para debilitar la capacidad de respuesta del país. La cooperación entre ciudadanos, comunidades y diferentes niveles de gobierno es crucial para detectar y prevenir posibles actos terroristas.
El gobierno debe fortalecer los mecanismos de inteligencia y cooperación internacional para anticipar posibles riesgos. La inversión en tecnologías y capacitación del personal encargado de la seguridad es fundamental para prevenir y neutralizar cualquier intento de perpetrar actos terroristas en suelo ecuatoriano.
Se insta a abordar las raíces del terrorismo. La desigualdad, la exclusión social y la falta de oportunidades pueden contribuir al reclutamiento de individuos por grupos extremistas. El Estado y la sociedad civil deben trabajar en conjunto para promover políticas que aborden estas problemáticas.
Es importante destacar que el combate al terrorismo no debe traducirse en la vulneración de derechos fundamentales. El respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho son pilares que deben ser preservados incluso en los momentos más desafiantes. La seguridad y la libertad no son conceptos opuestos, sino complementarios.
La nación se enfrenta a un reto significativo en materia de seguridad con la irrupción del terrorismo en su escenario nacional. Sin embargo, este desafío también brinda la oportunidad de fortalecer la cohesión social, mejorar la capacidad de prevención y abordar las causas profundas que alimentan estas manifestaciones. En este momento crítico, es fundamental que la sociedad ecuatoriana, junto con sus autoridades y fuerzas del orden, actúe con determinación y unidad para preservar la paz y la seguridad del país.
La corrupción carcome el sistema Judicial y Penitenciario
La corrupción ha socavado los cimientos de la sociedad ecuatoriana, afectando no solo la confianza de los ciudadanos en las instituciones, sino también minando la integridad de dos sectores fundamentales: el sistema judicial y penitenciario. En Ecuador, la corrupción en estos ámbitos ha alcanzado proporciones alarmantes, generando un profundo deterioro de la justicia y la rehabilitación.
El sistema judicial, diseñado para ser la columna vertebral de la justicia, se encuentra plagado de prácticas corruptas que socavan su propósito original. La manipulación de procesos, la compra de sentencias y la falta de transparencia son solo algunas de las formas en que la corrupción ha permeado este vital sector. La confianza de la ciudadanía en la imparcialidad del sistema judicial se ha erosionado, dejando a muchos ecuatorianos decepcionados e incrédulos de la justicia.
La corrupción también ha encontrado refugio en el sistema penitenciario, donde la falta de recursos y la negligencia han creado un caldo de cultivo propicio para prácticas corruptas. La sobrepoblación carcelaria, la violación de derechos humanos más la complicidad entre funcionarios y reclusos son evidencias palpables de la descomposición penitenciaria. Esto no solo impide la efectiva rehabilitación de los reclusos, sino que también perpetúa un ciclo vicioso que alimenta la criminalidad en lugar de corregirla.
La impunidad en el sistema judicial y penitenciario es un agravante adicional. La falta de consecuencias reales para aquellos que abusan de su poder contribuye a la perpetuación de estos comportamientos indebidos. Se deben tomar medidas drásticas para erradicar la corrupción en todas sus formas y niveles, desde los funcionarios de menor rango hasta aquellos en posiciones de mayor autoridad.
Una reforma integral se hace necesaria, empezando por la implementación de mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas: la transparencia en la asignación de recursos, la selección y capacitación de funcionarios, así como la revisión constante de los procedimientos judiciales y penitenciarios. La sociedad ecuatoriana debe exigir la integridad de sus instituciones, así como la responsabilidad y castigo para aquellos que han traicionado la confianza depositada en ellos.
La lucha contra la corrupción en el sistema judicial y penitenciario es una tarea ardua, pero prioritaria para la construcción de una sociedad justa y equitativa. Solo mediante la erradicación de la corrupción podremos restaurar la fe en la justicia y garantizar que el sistema penal cumpla su función primordial de mantener la paz, proteger los derechos de los ciudadanos y rehabilitar a aquellos que han transgredido la ley.
Consulta Popular 2024
Sobre la Consulta Popular 2024, relacionada a la erradicación de la violencia extrema, el gobierno propone en las 10 primeras preguntas que no se formulen cargos a las fuerzas del orden por combatir a la delincuencia y al terrorismo; que se incrementen las penalizaciones a estos grupos, incluyendo el cumplimiento de toda la condena dentro de las cárceles; y que se fortalezca el control migratorio. La pregunta 11 sobre casinos, se desvía del contexto de la consulta. Si bien estos establecimientos pueden generar fuentes de trabajo, sería para un sector particular de la población, más no aseguraría empleo para todos, ni respaldaría la seguridad interna.
Debería sustituirse la pregunta 11 por otras de interés nacional como reformas a la Constitución; reducción de asambleístas; creación de nuevas bases militares en todos los puertos a nivel nacional, incluyendo zonas de frontera; eliminación de sueldos vitalicios a ex mandatarios sentenciados; supresión de la ciudadanía universal; endurecimiento de las penalidades a menores vinculados al terrorismo o grupos paramilitares; e intensificar el control militar y policial en los terminales terrestres, exigiendo el documento de identidad, por ser un canal de transporte para personas que se desplazan para cometer actos delictivos.
Ecuador no puede ser un pais de leyes muertas, ni de políticas que blindan al narcoterrorismo y la corrupción. Hay normas que no se aplican efectivamente o que deslegitimizan la causa por las que fueron promulgadas. Por tanto, no queda más que defendernos por mandato popular. Por justicia, los ecuatorianos merecemos que se haga un control de las omisiones del Estado, los abusos de poder y los excesos del sistema judicial.
Por 15 años, muchos asuntos de relevancia social han sido descartados por el sistema. Si el Presidente Noboa somete esta consulta al escrutinio del legislativo, la mayoría de oposición votaría en contra. De ganar el sí, la Asamblea deberá ratificar los resultados con inmediatez e implementar las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Debemos desarrollar un comportamiento popular inteligente que formule criterios razonables, evitando la desinformación y analizando juiciosamente las preguntas.
Finalmente, si el mandatario Noboa aspira a la reelección, deberá cumplir sus promesas de campaña; pero también deberá analizar la pertinencia de ejercer el mandato desde el exterior, tomando medidas de extrema seguridad que precutelen su integridad y los intereses del país. Es fundamental que el gobierno mantenga el hermetismo de la información en los medios y la oposición, para la prevención de manifestaciones sociales manipuladas o un posible derrocamiento del poder. Se exhorta a aceptar la ayuda internacional, por ser la única manera de confrontar la situación. El gobierno prometió defender a su país y es tiempo de demostrarlo con hechos.
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