Magíster en Estudios Latinoamericanos mención Política y Cultura. Licenciado en Comunicación Social. Analista en temas de comunicación, política y elecciones. Articulista de los medios digitales: Revista Plan V, Ecuador Today, Revista Rupturas, Diario del Norte y La Línea de Fuego.
Los errores formales en la presentación del documento que llegó a la Corte Constitucional con el pedido de juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. Por supuesto peculado, no estuvieron sujetos -exclusivamente- a la “torpeza” de los asambleístas proponentes de la medida, quienes, a criterio de la opinión pública, no tendrían la más remota idea de las funciones y responsabilidades propias del puesto para el que fueron electos. Lo cual es parcialmente cierto, al menos si consideramos que en casi dos años de gestión (más de 680 días) hay legisladores -de entre los 59 firmantes del juicio- que todavía no presentan un solo proyecto de ley en beneficio del país o de las localidades a las que pertenecen y otros más que no pasan del primero.
Pero esto no es todo, según el informe de Click Report de marzo de 2023, quien juzgará al presidente de la República es una Asamblea Nacional cuya imagen positiva llega apenas al 9,07%. La razón es obvia: la trayectoria involutiva de ciertos asambleístas decanta en la estropeada imagen de la Función Legislativa y la conduce directamente hacia un costoso estado vegetativo.
Sin embargo, en política no existen accidentes, hechos aislados, “torpezas o errores de buena fe”, sino objetivos y estrategias que responden a la estirpe mercantil de quienes pretenden transaccionar con la estabilidad del presidente de la república y su gobierno. Posiblemente al someterla al “toma y daca” de las ambiciones de quienes aspiran a permanecer en sus puestos, como de aquellos que buscan la reestructura interna de la Asamblea Nacional (la presidencia, las dos vicepresidencias y las comisiones parlamentarias), para saciar apetitos personales, soterrar investigaciones, fiscalizar a la carta, y revestir de honestidad y pulcritud a quienes no la tienen.
Pero esto no sería todo, los mecanismos (los tentáculos) de negociación para sacar o mantener a Lasso y su gobierno podrían extenderse -como se escucha en el mismo parlamento- a otras funciones del Estado con miras a la consolidación territorial de los caudillos y líderes electos el pasado 5 de febrero de 2023. Muchos de los cuales fueron auspiciados o integran las filas de las tres organizaciones que impulsan el juicio político al Primer Mandatario (Movimiento Revolución Ciudadana, Pachakutik y el Partido Social Cristiano). De ser cierto esto, se estaría condicionando el destino electoral de la muerte cruzada -en caso de que el presidente la active- así como también las elecciones generales de 2025. ¿A cambio de qué? ¿Para sostener a quién o a quiénes en calidad de autoridades bisagra? ¿Para beneficiar a qué organización política?
Visto de esta manera, el que los asambleístas de oposición cuenten con los 92 votos para sacar de Carondelet al presidente Guillermo Lasso sería un hecho secundario y hasta anecdótico. No solo porque los votos se podrían activar (o no) al calor de la oferta y la demanda de los directamente involucrados, sino también porque la “torpeza” intencional de algunos legisladores y sus líderes estaría encaminada a fortalecer la idea de que el país necesita con urgencia una figura autoritaria igual o similar a la del expresidente Rafael Correa, que “ponga orden” al actual estado de descomposición política y social. Aunque los ciudadanos y la propia democracia sean las principales víctimas de una pugna entre élites pendencieras. Desde esta óptica, el juicio político y la censura a Lasso serían una suerte de mecanismo para acelerar el desgaste del régimen.
Pero sí, lo que en realidad busca la mayoría de oposición en la Asamblea Nacional es la caída del presidente, cualquier argumento técnico-jurídico -por más válido que sea- no tendrá cabida ante las consignas ideológicas de Correa, Nebot e Iza operativizadas por sus amanuenses y los votos de estos en la legislatura.
¿Una Asamblea con el 9,07% de aprobación tiene la suficiente solvencia ética y política para destituir y censurar al Primer Mandatario, más aún cuando menos del 20% de los ecuatorianos mira en esta medida una solución eficaz para que la situación actual del país mejore? ¿El problema es el presidente o son nuestras élites políticas?
Desde su primer día de vida institucional esta Asamblea Nacional y varios de sus integrantes dejaron de representar a los ciudadanos. Por ello, pese a los múltiples tropiezos y boicots institucionales, desde la sociedad civil se intenta activar la “Iniciativa Ciudadana por la Revocatoria de todos los Asambleístas”, que -de manera progresiva- comenzará con los legisladores nacionales.
Mientras esto ocurre en la política, el Ecuador atraviesa por un escenario inédito, caracterizado por el ascenso de la violencia, la delincuencia organizada, la narcopolítica y la ausencia rotunda del Estado que, hoy por hoy, se encuentra desahuciado al no ser capaz de garantizar el derecho ciudadano a una cultura de paz y seguridad integral.
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