La lucha por los derechos de las mujeres es un camino que ha significado varios cambios a lo largo de la Historia. Desde el acceso al voto, derecho a la educación, a la salud y a igualdad de condiciones han sido motivo de polémicos debates, en los cuales, las voces de las mujeres fueron determinantes.
El 8 de marzo no es una fecha escogida al azar. Ese día en 1908, un grupo de mujeres exigía sus derechos laborales, un sueldo digno y jornadas justas, mientras varias de sus compañeras morían en un incendio provocado, por las prácticas discriminatorias de grandes empresas.
Pero ese no era el único pedido, las mujeres también exigían ser consideradas en espacios de toma de decisiones y recibir el mismo trato que los hombres en la esfera pública.
Desde 1975, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce al 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, en conmemoración de la lucha incesante de mujeres por el reconocimiento y garantía de nuestros derechos.
Acceder a estos derechos no sería posible sin la determinación de nuestras antecesoras, ellas desafiaron el statu quo de su época, abriendo paso a nuevas generaciones en la búsqueda de derechos para todas, en escenarios antes desconocidos, en los que, poco a poco mujeres tan diversas como extraordinarias plasmaron sus nombres en momentos históricos.
Mujeres históricas en Ecuador
Para que nuestros derechos sean reconocidos, hemos vencido estereotipos ligados a nuestra condición de mujeres, como lo hiciera en su momento Matilde Hidalgo Navarro, reconocida como la primera mujer doctora en 1921; y, la primera mujer latinoamericana en ejercer su derecho al voto en 1924.
En ese entonces, las mujeres eran limitadas al ámbito privado y no se reconocía su postura para tomar decisiones en la política, pero Matilde cambió esta percepción, participó activamente en la vida política del país, convirtiéndose en la primera concejala de Machala en 1925; y diputada por Loja en 1941.
Pero si de luchas hablamos, Dolores Cacuango fue una de las promotoras de gestas sociales en nuestro país, esta mujer indígena, era la voz de su pueblo. Conocida como “Mamá Dulu” rompió esquemas y luchó hasta el final de sus días por condiciones más justas para su pueblo, por el respeto y reivindicación de sus derechos.
Allá por el año 1887, una mujer feminista que amaba el periodismo, pero, que como muchas otras, utilizó un seudónimo. Conocida como “Zarelia”, Zoila Ugarte Fajardo, se dedicó al periodismo feminista, plasmando consignas y exigencias en periódicos como “El Tesoro del Hogar”. Además, creó la revista “La Mujer”, espacio que invitaba a otras mujeres periodistas a escribir y fundó junto con su amiga y compañera de lucha María Angélica Idrobo: la Sociedad Feminista “Luz de Pichincha”.
En este camino, encontramos a mujeres que marcaron el paso en áreas clave: Juana Miranda Dávila, primera docente universitaria del país; Nela Martínez, primera mujer ecuatoriana en llegar al Congreso Nacional; o, Hermelinda Urvina, primera mujer aviadora.
También hay nombres imborrables como parte de gestas sociales: Manuela Espejo; Tránsito Amaguaña; Manuelita Sáenz; Zoila Espinoza Minda (Mamá Zoila), activista y gestora cultural; Martina Carrillo, lideresa afroecuatoriana; o, Purita Pelayo, activista por los derechos de las mujeres trans.
Como ellas, muchas mujeres han luchado por nuestra libertad en diferentes espacios y momentos de la Historia, siendo pioneras en la lucha por nuestros derechos, en el ámbito educativo, social o laboral, nos dejaron como herencia su tenacidad y fortaleza.
Mis derechos, son los derechos de todas
Así de a poco, se han abierto caminos para las mujeres, que hoy en día son parte activa del desarrollo de la sociedad, transformando la realidad de sus comunidades desde el aporte diario en varios ámbitos, que nos permite dirigirnos a un mundo más igualitario.
Pero, este cambio no es posible sin el compromiso de los Estados. Es así, que, desde la Organización de las Naciones Unidas, aúnan esfuerzos con varios gobiernos para construir nuevas realidades, en las cuales, las niñas, adolescentes y mujeres sean consideradas como un eje fundamental para las transformaciones tan necesarias en materia de derechos, conforme se desprende de la Declaración y la Plataforma de Beijing de 1995, y los exámenes que se han realizado a su aplicación desde el año 2000, en períodos de 5 años cada uno.
Entre sus compromisos, se encuentran:
9. Garantizar la plena aplicación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas como parte inalienable, integral e indivisible de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;
Y aunque reconocen que existe un importante avance en varios aspectos relacionados a los derechos de las mujeres, también afirma que los progresos no han sido homogéneos, persisten las desigualdades entre mujeres y hombres y sigue habiendo obstáculos importantes, que entrañan graves consecuencias para el bienestar de todos los pueblos.
Precisamente por ello, defender nuestros derechos es una prioridad, para vencer las brechas de desigualdad a los que se enfrentan las mujeres en el mundo, como la falta de acceso a servicios de salud, a la educación, a trabajos dignos o a decidir sobre sus vidas.
La falta de acceso a estos derechos -que se supone son reconocidos para todas en leyes y tratados- ciertamente los convierte en privilegios para un grupo, siendo cada vez más lejanos para mujeres que no se encuentran en igualdad de condiciones como las niñas, adolescentes y mujeres rurales o empobrecidas, que no han tenido acceso a derechos básicos como educación o salud.
Por ellas, exigir igualdad es una necesidad imperante, que ubica la lucha en escenarios que nos fueron negados durante mucho tiempo, pero de los que nos seguimos apropiando para exigir el respeto a nuestros derechos, no solo el 8 de marzo, sino todos los días.
Derechos en la Constitución
Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.
Están reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, y tratados internacionales, de carácter vinculante en gran parte.
El artículo 11, numeral 2, de la Constitución del Ecuador señala que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción.
Así mismo, el artículo 65 dispone que El Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos. (…)
El artículo 70 determina que el Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público.
Es decir, entre nuestros derechos se encuentran el tener una vida digna y libre de violencia, el acceso a la educación, a la salud, al trabajo, participación política en igualdad de condiciones, derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, acceso a bienes y servicios, libertad de expresión, derecho a elegir sobre el matrimonio, libertad financiera, entre otros.
Por otro lado, el artículo 331 indica que el Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. Y, prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo.
Desafíos
Luego de enfrentar una pandemia, se evidenciaron las falencias de un Estado incapaz de responder al pedido de las niñas, adolescentes y mujeres, fueron expuestas a diversas vulneraciones a sus derechos humanos.
La violencia es sin lugar a dudas una de las situaciones más problemáticas y un factor de riesgo para quienes tienen que obligadamente compartir el espacio físico con sus agresores, sin posibilidad de escapar, a la espera de que el Estado se active.
La violencia de género es la vulneración de derechos más generalizada en el mundo, extendiéndose ampliamente en América Latina y el Caribe; en el Ecuador, 6.5 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia a lo largo de sus vidas.(INEC, 2019).
La violencia política también ha sido visible en el último año, las mujeres que deciden incursionar en este ámbito, se ven expuestas a agresiones verbales, limitación de funciones, ciberacoso, causando serios daños en su salud mental y afectando su imagen personal.
La aparición de la pandemia limitó la participación laboral de las mujeres. De acuerdo con CEPAL, representó el 46% en 2020, en comparación a un 69% de los hombres. Además, el porcentaje de desocupación de las mujeres fue del 12% en 2020, subiendo al 22,2% en 2021.
Nuestros derechos sexuales y reproductivos también son debatidos, ahora mismo estamos a la espera de que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en casos de violación sea aprobada o vetada por el presidente, un cuerpo normativo que establece plazos restrictivos a las sobrevivientes de violencia sexual.
Sumado a lo antes dicho, la discriminación que aún sufren las mujeres rurales, mujeres pertenecientes a diversos pueblos y nacionalidades, mujeres con discapacidad, en situación de movilidad humana, adultas mayores, y quienes son parte de las diversidades sexo-genéricas es evidente en varios campos.
Las desigualdades estructurales son la causa de esta violencia y discriminación latente en nuestro medio, constituye una de las tareas pendientes de las autoridades gubernamentales, que continúan dando largas a una problemática social que afecta todos los niveles.
Implementar una agenda y políticas públicas con enfoque de género es fundamental para reducir las brechas de desigualdad existentes, y que son aún más fuertes cuando las mujeres afrontan otras situaciones de vulnerabilidad.
Este 8 de marzo a las calles
Para muchos, las mujeres no sufrimos de desigualdad de condiciones, de hecho, tenemos acceso a más derechos que los hombres, y nuestras exigencias son exageradas o sin importancia.
Pero no alcanzan a comprender que este pedido nos abarca a todas, incluye a aquellas que no tienen acceso a derechos como el resto de nosotras, luchamos por quienes no pueden elegir con libertad sobre sus cuerpos, por las que viven en situaciones de violencia, que limitan sus proyectos de vida, por quienes exigen igualdad de condiciones en su comunidad, por quienes han dedicado su vida al cuidado de los demás, por las niñas y adolescentes que no tienen acceso a educación.
La lista es extensa, exigir derechos nos lleva a tomarnos las calles, desde donde la lucha es colectiva, capaz de cambiar realidades, aunque para muchos sea una lucha que no arroja resultados, para nosotras significa que el cambio es posible.
Nota aclaratoria: este artículo no promueve un lenguaje sexista y está de acuerdo con el uso del lenguaje inclusivo. Pero no utiliza los pronombres el/la los/las o les, para evitar posibles confusiones.
Referencias:
- CEPAL. (2021). La pandemia del COVID-19 generó un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres en la región. https://bit.ly/3IQv4fS.
- Constitución de la República del Ecuador, 2008.
- ONU. (1995). Declaración de Beijing.
- ONU Mujeres. (2021). Discurso social sobre las mujeres en movilidad humana: discriminación, sexismo, violencia basada en género y estereotipos en Ecuador. https://bit.ly/375YRTU
El medio de comunicación no se responsabiliza por las opiniones dadas en este artículo.
Visita nuestras redes sociales:
