Magíster en Estudios Latinoamericanos mención Política y Cultura. Licenciado en Comunicación Social. Analista en temas de comunicación, política y elecciones. Articulista de los medios digitales: Revista Plan V, Ecuador Today, Revista Rupturas, Diario del Norte y La Línea de Fuego.
Consulta popular. Tiempos inadecuados para el gobierno Consulta popular. Tiempos inadecuados para el gobierno Consulta popular. Tiempos inadecuados para el gobierno
Sería preocupante y peligroso que el presidente Guillermo Lasso circunscriba su intención de convocar a una consulta popular el mismo mes y día en que se realizarán las Elecciones Seccionales de 2023 y de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (tentativamente el 5 de febrero 2023).
Algunos dirán que este es el tiempo preciso para debatir la pertinencia o no de los temas y las preguntas a consultar. Incluso que puede resultar más económico para el Estado usar el contingente logístico que se tiene previsto para las seccionales e incluir una papeleta con las preguntas del gobierno.
Pero, lo que probablemente ocurra es que, más allá de la oposición legítima, los detractores de la democracia encuentren el momento oportuno para utilizar las elecciones como plataforma política en su afán de deslegitimar al régimen. Si esto es así, la esencia de la consulta y sus temas –todavía inciertos en su totalidad– quedarían relegados, sujetos a la manipulación de los candidatos de tarima y a los vicios propios de una campaña electoral con un vasto número de participantes (potencialmente 80.000 candidatos). De esta forma –sin que sea un juego de popularidad en términos formales– el mecanismo de la democracia directa se podría convertir –como ha ocurrido en consultas anteriores – en un espacio de aceptación o rechazo al presidente.
¿Se requiere una reforma al sistema de justicia del país? Por supuesto. Pero este cambio no debe ser sinónimo de un nuevo “manoseo al sistema judicial” para crear un traje a la medida de quien gobierna, sus potenciales aliados o de quienes aspiran gobernar. Lo imperioso es garantizar la independencia de la justicia con jueces probos y eficientes.
¿Se debe eliminar la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para designar a las autoridades de control? Sí, pues el CPCCS no ha cumplido a cabalidad con esta función, la mayor muestra de ello es que ahora tenemos autoridades prorrogadas y procesos de renovación a medio camino. Una cosa es clara, el Consejo de Participación Ciudadana pasó de ser la agencia de empleos del correísmo a una institución prácticamente fallida. Para corregir esto se requiere de un cambio constitucional.
¿Es necesario reinstitucionalizar el régimen de partidos en el Ecuador? Sí. Participación Ciudadana presentó una propuesta sólida que posiblemente sumará nuevos respaldos de la sociedad civil y ojalá de las organizaciones políticas. La reforma al Código de la Democracia es un tema de fondo, al igual que limitar el número de partidos políticos y su proliferación. ¿Conviene incurrir en la bicameralidad? Habrá que analizarlo, porque una Cámara Alta (el Senado) compuesta bajo los parámetros actuales de la ley electoral sería un fracaso prematuro y una nueva desilusión para sus promotores, además trasladaría la fragmentación política y falta de gobernabilidad a un nuevo espacio.
A través de la consulta popular, posiblemente el gobierno logre baipasear temas como la reforma laboral y otros más que por la composición propia del parlamento son de nulo análisis, debate y tratamiento. Sin embargo, esto no garantiza el éxito y la aprobación del pueblo en las urnas. ¿Es conveniente abordar o no estos temas en una consulta popular? Si el gobierno llegara a perder su consulta, se estaría jugando demasiado, incluida su propia gobernabilidad y supervivencia.
¿Es conveniente arriesgar tanto cuando las condiciones políticas para hacerlo son poco favorables debido, entre otras razones, a que en la institucionalidad del Estado central permea con sumo beneplácito la presencia del correísmo? La reforma debe ser radical. La reingeniería del Estado es un proyecto necesario y ambicioso que no se puede contaminar con las lógicas propias de la elección de candidatos (nacionales o locales), muchos de ellos –la gran mayoría– con mínimos niveles de preparación política y más aún académica.
Si lo que se pretende es que los ciudadanos debatan a profundidad sobre la importancia de la consulta popular y el contenido de cada una de sus posibles preguntas, así como también que este anunció del gobierno salga del enclaustro del Palacio de Carondelet hacia la ciudadanía; el régimen tendrá la obligación de tender puentes de diálogo (abierto y público) con la sociedad civil y, desde luego, con las organizaciones políticas, sin que esto signifique sumar apoyos a la consulta a cambio prebendas, impunidad o incluso la formulación de preguntas confusas que promuevan la regresión solapada de derechos.
Para evitar escenarios adversos que desdibujen el espíritu de la consulta popular, el gobierno debe tener presente que este es un derecho político, que se ejerce cuando el Estado -al ser consciente de sus falencias- intenta solucionar temas de vital importancia para la institucionalidad del país, con el objetivo de enrumbarla democráticamente a través de la promoción y progresividad de derechos para el cumplimiento de los propósitos económicos, sociales y políticos de los ciudadanos.
Es ahí cuando el pueblo reafirma su autodeterminación en las urnas para construir con su criterio políticas públicas. Por ende, todo anuncio o iniciativa de consulta popular no puede ni debe estar sujeto a especulaciones, más aún cuando estas se generan a causa de las tendencias de Twitter y Tik Tok; ya que ninguna red social debería marcar la ruta para la formulación de la política pública en el país.
Si el anuncio de una posible consulta popular impulsada por el gobierno del presidente Lasso no es un distractor político y social, el régimen debe impulsar la suma de voluntades y acuerdos entre una multiplicidad de actores políticos, pero principalmente sociales; pues la consulta debe ser la máxima expresión del pleno ejercicio de una democracia deliberativa, no excluyente, libre de vicios autoritarios y republicana.
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