Magíster en Estudios Latinoamericanos mención Política y Cultura. Licenciado en Comunicación Social. Analista en temas de comunicación, política y elecciones. Articulista de los medios digitales: Revista Plan V, Ecuador Today, Revista Rupturas, Diario del Norte y La Línea de Fuego.
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La bancada de UNES salvó a un diezmero. Eckenner Recalde. ¿Sorprendidos? No. El correísmo institucionalizó durante su estancia en el poder los famosos diezmos dentro del sector público. De esta manera, cientos de funcionarios consiguieron en más de una década puestos directivos y nombramientos provisionales y definitivos al interior del Estado, incluso sin contar con estudios afines al puesto a desempeñar ni trayectoria laboral. Por fuera de la formalidad, jamás se evaluó la competencia de estas personas, sino su fidelidad al dichoso proyecto político que siempre empatizó con la búsqueda del dinero ajeno. Ellos (los correístas) y algunos asambleístas de otras bancadas defendieron al exlegislador del partido Izquierda Democrática que fue expulsado de sus filas por corrupto. Pero sobre todo, defendieron la extorción como modus operandi en el Parlamento.
De nada sirvieron los testimonios y las pruebas presentadas por las víctimas del diezmero. La corrupción cerró filas y levantó un cerco protector basado en acuerdos politiqueros que consagraron la confidencialidad como mecanismo de censura. El resultado salta a la vista. Una vez más la clase política deja en indefensión a quienes denuncian sus prácticas corruptas; dilapida los retazos de respetabilidad de la Asamblea Nacional; y, naturaliza las coimas por sobre cualquier principio ético.
Algunos defensores de Recalde sostuvieron que “no hubo o no se presentaron pruebas suficientes”. Lo que no llegan a dimensionar por sórdida complicidad con la corrupción es que basta una prueba de corrupción, una sola, para que el Legislativo –y cualquier otra institución– se depure por sanidad pública. Sin embargo, como sostuvo la legisladora de la Izquierda Democrática y ex compañera de bancada de Recalde, Johanna Moreira, de esta Asamblea Nacional ya nadie espera nada bueno.
No solo por los diezmos de Recalde o Bella Jiménez, también por los empantanamientos lingüísticos y conceptuales visibles en las acaloradas intervenciones de Darwin Pereira; el hospedaje lujoso de la Presidenta de la Asamblea; los informes –cambiados– y con faltas de ortografía de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre los Pandora Papers para fraguar escenarios tendientes a la destitución del Primer Mandatario; entre otras desgracias estructuradas por capricho y angurria de poder. Pero hay que ser claros, esta Asamblea y las anteriores son el vivo retrato de buena parte de nuestra sociedad.
Esta es la parte más visible de un secreto a voces en el Estado. ¿Se han puesto a pensar en cuántas instituciones más funcionarios de alto nivel o sus operadores políticos solicitan diezmos en dinero o especies de alta gama como joyas de oro, comida con concierto en vivo en restaurantes de lujo y algunos otros suvenires cuyos pedidos no se registran para no dejar huella de la extorción? Algunos adornan la práctica corrupta y la denominan “muestra de gratitud”, una suerte de compensación mensual o anual decidora a la hora de reivindicar fidelidades y ensalzar falsos egos. Esta es la manifestación cruda de la corrupción socialmente aceptada.
El llamado de atención debe ser contundente para las organizaciones políticas. Deben seleccionar mejor a sus candidatos, a través de procesos de democracia interna mucho más eficientes y competitivos, para que los más capaces y probos lleguen a representar con solvencia ética a la ciudadanía. De lo contrario, aunque en el camino se logre resarcir estos errores, quedará la sombra de la corrupción, los resentimientos al interior de los partidos y el perjuicio económico para el Estado y los ciudadanos que deben pagar todos los meses el sueldo de funcionarios cuestionados por promover la corrupción.
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